Una dramática investigación impulsada por vecinos en Lobos, provincia de Buenos Aires, y avalada por el INTA, reveló la presencia de 18 agrotóxicos combinados —incluyendo glifosato— en pozos de agua, plazas, escuelas y hasta en el agua de lluvia. Los resultados sanitarios son alarmantes: la oncóloga principal del hospital local reportó que el 70% de las 900 consultas recientes fueron diagnosticadas con cáncer colorrectal como prioridad, en un contexto de evidente inacción estatal y resistencia del sector agropecuario.

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Lobos Bajo la Lluvia Tóxica: La Contaminación que Amenaza la Salud Pública

 

La localidad de Lobos se ha convertido en un nuevo epicentro del debate sobre el impacto de los agroquímicos en la salud humana en Argentina. La preocupación de los vecinos, motivada por un alarmante incremento de enfermedades, impulsó una serie de estudios científicos que desvelaron una situación crítica.

Una investigación crucial, realizada por el INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) a pedido de los amparistas, confirmó lo que se temía: la contaminación masiva por pesticidas y herbicidas. Los análisis detectaron la presencia de agroquímicos en pozos de agua, vitales para el consumo, en espacios verdes urbanos, plazas, escuelas y, de manera preocupante, en el agua de lluvia. Los estudios detallados revelaron que no se trata solo de un químico, sino de un cóctel de 18 agrotóxicos combinados, lo que multiplica el riesgo de toxicidad y daño genético en la población.

 

La Cifra del Cáncer: El 70% de las Consultas Hospitalarias

 

El impacto de esta exposición crónica ya se traduce en datos sanitarios escalofriantes. La Dra. Elena Ortiz Palacio, oncóloga principal del Hospital de Lobos, brindó una cifra que grafica la gravedad de la situación. En el período comprendido entre abril de 2022 y diciembre de 2023, de un total de 900 consultas registradas, aproximadamente el 70% presentó como diagnóstico priorizado el cáncer colorrectal.

Este porcentaje, inusualmente alto para un único tipo de cáncer, generó la alarma en la comunidad médica local, que ha debido organizar charlas de concientización y prevención ante la ausencia de una respuesta sistémica a la contaminación.

 

El Legado Científico Ignorado y la Alerta Mundial

 

La preocupación de los vecinos encuentra un sólido respaldo en la ciencia. El recordado científico argentino Andrés Carrasco (CONICET) ya había determinado, hace años, que el glifosato —el herbicida más utilizado en el país— produce cambios celulares y malformaciones congénitas. Sus estudios, realizados en embriones anfibios con dosis hasta 300.000 veces inferiores a las utilizadas en las fumigaciones, concluyeron en malformaciones intestinales, cardíacas y daño esquelético.

A nivel internacional, la Organización Mundial de la Salud (OMS) coincide con el científico argentino, calificando al glifosato como un herbicida de altísima toxicidad, alterador hormonal, productor de daño genético y cancerígeno.

 

Contaminación Nacional: Del Río Paraná al Dosaje en Sangre

 

El problema del glifosato trasciende a Lobos, ya que la contaminación es de alcance nacional. Este agroquímico se ha detectado en el agua del Río Paraná y del Río de La Plata, en pescados, en la leche de vaca y en la mayoría de las frutas y verduras que se consumen cotidianamente.

Un dosaje de glifosato en sangre o en orina en cualquier parte del país probablemente arrojaría un resultado positivo, lo que indica que los argentinos están contaminados de forma generalizada. Vecinos amparistas de Lobos, como Demian y Florencia, ya han confirmado la presencia del químico en su orina, y los análisis revelaron que más del 20% de las personas testeadas ya presentan daño genético.

 

Política, Economía y Silencio Judicial

 

El caso de Lobos se enmarca en una preocupante inacción política. El intendente local, Jorge Etcheverry, quien además es productor agropecuario y fue presidente de la Sociedad Rural, impulsa una ordenanza de «cero metros» de protección, pero simultáneamente «sigue autorizando el uso del herbicida en zonas periurbanas a pesar de que la justicia dijo que hay que frenar su uso».

Mientras los vecinos pagan de su bolsillo los estudios científicos y los análisis, los productores minimizan el riesgo, alegando que usan dosis «mínimas» por una cuestión de rentabilidad. Esta postura se mantiene incluso cuando un informe del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación también confirmó la presencia de hasta 20 moléculas de plaguicidas en el agua.

La pregunta central es por qué, a pesar de la comprobación científica, los fallos judiciales y la evidencia estadística de cáncer, «el Estado es responsable de la situación» y no actúa para restringir de manera definitiva el uso masivo e indiscriminado de estos venenos que están afectando la salud de toda la población.