La asunción de Lorena Villaverde, senadora electa por La Libertad Avanza (LLA) en Río Negro, pende de un hilo. El peronismo ha formalizado una impugnación a su diploma y acelera las negociaciones en la Cámara Alta para conseguir los votos necesarios que permitan rechazar su pliego, citando cuestionamientos por antecedentes penales y supuestos vínculos con el narcotráfico. La pulseada clave se dará este miércoles en la Comisión de Asuntos Constitucionales, donde la oposición busca desesperadamente las diez firmas que le garanticen un dictamen negativo antes de la votación en el recinto.

El Senado de la Nación se prepara para afrontar uno de los debates más tensos y políticamente delicados de la transición parlamentaria. El centro de la disputa es la incorporación de la rionegrina Lorena Villaverde (LLA), cuyo pliego está bajo revisión tras una impugnación presentada por los apoderados del Partido Justicialista de Río Negro.

La disputa excede el color político y se centra en los antecedentes penales de la legisladora y su presunta relación con Fred Machado, el empresario recientemente extraditado a Estados Unidos por delitos graves como lavado de dinero y narcotráfico. La falta de un certificado de antecedentes limpio es el punto más sensible que complica su ingreso, obligando a que su asunción sea evaluada por un órgano interno de la Cámara.

La ruta crítica en la Comisión de Asuntos Constitucionales

 

El primer obstáculo formal para Villaverde será la Comisión de Asuntos Constitucionales (CAC), que abordará el expediente de impugnación este mismo miércoles. Para que el rechazo avance, la oposición necesita reunir al menos diez firmas entre los 19 integrantes del cuerpo para lograr un dictamen de mayoría negativo.

El interbloque Unión por la Patria cuenta con ocho representantes propios en la CAC y ha activado una agresiva estrategia para sumar voluntades entre los bloques minoritarios y, principalmente, entre los senadores radicales y los legisladores provinciales.

La estrategia ya mostró resultados. El peronismo tiene asegurado el apoyo del senador radical Pablo Blanco, uno de los primeros en manifestarse públicamente en contra de la llegada de Villaverde al Senado. Una fuente de Infobae citó a uno de los cinco radicales de la comisión: “Seguramente voy a rechazar. Después será el recinto el que defina”. El esfuerzo opositor busca llegar a las once firmas, blindando el dictamen.

La cuenta de votos para la destitución en el recinto

 

De lograr un dictamen negativo en la Comisión de Asuntos Constitucionales, el destino final del pliego de Villaverde se definirá en la sesión preparatoria del 28 de noviembre, donde se votan todos los diplomas de los senadores electos.

Para que el rechazo prospere en el pleno de la Cámara Alta, se requiere una mayoría simple, es decir, 37 votos. El peronismo, con 33 votos, se encuentra a escasa distancia de conseguir ese número. Con el apoyo ya anticipado de radicales y otros aliados, el bloque podría alcanzar entre 35 o 36 votos, lo que convierte la posibilidad de rechazo en un escenario muy real.

Si el Senado votara en contra de la asunción de Villaverde, la banca de La Libertad Avanza no se perdería. En ese caso, el escaño pasaría a Enzo Fullone, quien ocupaba el segundo lugar en la lista de LLA por Río Negro.

Tensión en el Gobierno y la defensa libertaria

 

El caso se transformó en un desafío para el Gobierno de La Libertad Avanza, que busca consolidar su presencia en el Congreso, una instancia clave para impulsar sus reformas. La situación judicial y los antecedentes de Villaverde ponen al Ejecutivo en una situación incómoda.

A pesar de la embestida judicial y política, el entorno de la senadora electa mantiene la calma. Sostienen que su llegada al Senado sigue en pie y citan su participación en las últimas reuniones del bloque libertario, incluso aquellas encabezadas por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien está plenamente informada sobre la situación.

No obstante, la decisión de la Comisión de Asuntos Constitucionales de este miércoles será el indicador más claro de si el peronismo y sus aliados han logrado articular la mayoría necesaria para sentar un precedente sobre los estándares éticos y legales requeridos para ocupar un cargo en el Poder Legislativo.