A un año del temporal que dejó 18 víctimas fatales, la fiscal Marina Lara confirmó el archivo de los tres expedientes penales. Las pesquisas descartaron la existencia de desaparecidos y desmintieron los rumores instalados en redes sociales sobre un mayor número de fallecidos.

Al cumplirse el primer aniversario de la trágica inundación que devastó a Bahía Blanca, la Justicia ha dado por concluidas las diligencias procesales vinculadas al evento climático. El saldo de 18 víctimas fatales y los cuantiosos daños materiales marcaron un antes y un después en la ciudad, generando no solo un estado de emergencia sin precedentes, sino también una profunda incertidumbre que derivó en la apertura de tres investigaciones penales preparatorias.

La doctora Marina Lara, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) Nº 7, fue la encargada de liderar estas tres líneas investigativas clave: el registro oficial de las personas fallecidas durante la jornada del desastre, la averiguación de paradero ante las denuncias de desaparecidos y, finalmente, una pesquisa originada a raíz de las versiones viralizadas en redes sociales que sugerían la existencia de víctimas fatales no informadas por las autoridades. Tras meses de recabar testimonios y pruebas, todas las causas fueron archivadas al no detectarse la comisión de delitos.

Evacuados, desaparecidos y la búsqueda de la verdad

El impacto inmediato del temporal dejó cifras alarmantes: a las 48 horas de la intensa precipitación, la ciudad contabilizaba alrededor de 1.450 personas entre evacuados y autoevacuados, con casi 1.300 alojados de urgencia en los distintos centros de contención dispuestos por el municipio.

En ese contexto de caos e incomunicación, la fiscal Lara detalló que «inmediatamente después del evento, se inició una causa por averiguación de paraderos de personas que no habían vuelto a tener contacto con familiares o amigos, o que estaban desencontradas». Gracias al despliegue de una intensa tarea investigativa que contó con la participación activa de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI), se logró ubicar a todos los reportados. «La gente se fue encontrando, y alguna persona que fue hallada sin vida ya se encontraba dentro de las víctimas contabilizadas oficialmente», explicó la funcionaria judicial.

Entre los dolorosos episodios que integraron la nómina inicial de 15 víctimas fatales de aquel día, la investigación documentó casos de extrema tragedia y heroísmo, como el del transportista Rubén Omar Zalazar, quien perdió la vida al arrojarse al agua en un intento desesperado por rescatar a las hermanas Pilar (5 años) y Delfina Hecker (1 año), quienes lamentablemente también fallecieron.

El rol de las redes sociales y la desinformación en la catástrofe

Uno de los capítulos más complejos para la fiscalía fue lidiar con la desinformación. Mientras las redes sociales sirvieron como una herramienta vital para conectar familias aisladas, también funcionaron como un ecosistema fértil para la propagación de rumores infundados sobre una supuesta «cifra negra» de muertos ocultada por el Estado.

«Si alguien denuncia o menciona un posible delito, el fiscal tiene la obligación de tomar esa información e investigar si existe», argumentó Lara. Ante la proliferación de estos mensajes, la Justicia decidió emprender una investigación rigurosa, ordenando nuevos rastrillajes en zonas críticas y citando a declarar a una decena de usuarios que habían difundido estas versiones.

Sin embargo, al momento de comparecer ante la sede del Ministerio Público Fiscal, la solidez de las afirmaciones virtuales se desmoronó. «Las personas que concurrieron iban minimizando lo que habían volcado a las redes. Decían que el comentario lo habían elaborado por cuestiones que habían escuchado en algún lado o porque eran meras conjeturas», relató la letrada.

Para la fiscal, este fenómeno de psicosis colectiva digital no es exclusivo de Bahía Blanca, sino un patrón de comportamiento humano frente a la tragedia. «Es algo que se suele producir en este tipo de hechos, cuando en las redes sociales se señalan situaciones como si fueran reales. En 2024, durante un terremoto en la península de Noto en Japón, pasó exactamente lo mismo», concluyó Lara, cerrando así un capítulo judicial que buscó llevar certezas a una comunidad atravesada por el dolor.