Para el juez que decidió invalidar el veto presidencial a la Emergencia por Discapacidad, el derecho a la salud, la educación y la rehabilitación de niños con discapacidad «debe prevalecer frente a restricciones presupuestarias».

Para sostener el fallo el juez tomó la opinión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que reconoció el «derecho humano autónomo al cuidado«. El tribunal internacional remarcó que el Estado tiene una responsabilidad ineludible sobre el cuidado de niños, adultos mayores y personas con discapacidad. Esta resolución sienta precedente, y por ahora el Poder Ejecutivo no se pronunció al respecto.

El juez González Charvay consideró que el veto del Ejecutivo representa «un caso de clara discriminación a personas con discapacidad» y sostuvo que la impugnación de una ley sancionada por el Congreso «viola obligaciones internacionales de derechos humanos», al sostener el desfinanciamiento del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral.

Qué proponía la Ley de Emergencia en Discapacidad que vetó Milei

La Ley de Emergencia en Discapacidad fue sancionada el 10 de julio pasado por el Congreso, y establecía un régimen integral hasta diciembre de 2026 (prorrogable por un año). Entre sus puntos centrales se incluía:

• Financiamiento adecuado de pensiones no contributivas por discapacidad
• Regularización tributaria de prestadores de servicios
• Compensación arancelaria por inflación
• Financiamiento pleno de la Agencia Nacional de Discapacidad
• Ejecución efectiva de la Ley de Empleo Protegido
• Una compensación de emergencia para cubrir la diferencia entre los aumentos percibidos por los prestadores y la inflación

Sin embargo, el Poder Ejecutivo, al vetar la ley, argumentó que la iniciativa no contaba con financiamiento específico y contradecía el «equilibrio fiscal innegociable». El Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones, intentó sostener que el veto no era justiciable por tratarse de una «cuestión política», y que los hermanos no enfrentaban un perjuicio concreto.