La diputada radical por Mendoza, Pamela Verasay, se encuentra en el centro de la polémica tras revelarse que acumula dos cargos de alto perfil en el Estado, lo que le permite percibir sueldos multimillonarios. La situación, que ha generado un fuerte repudio en redes sociales, plantea un debate sobre los privilegios de la clase política en un contexto de crisis económica.

Un sueldo de privilegio y un cargo estratégico

Según la información difundida, Pamela Verasay percibe un sueldo de $5 millones como diputada nacional. A este ingreso se suma un segundo cargo: vice directora suplente en la petrolera estatal YPF, donde se estima que los sueldos pueden alcanzar hasta los $70 millones. La acumulación de ambos puestos, en un momento en que la sociedad enfrenta una severa crisis económica y una inflación descontrolada, ha sido el foco de críticas por parte de los ciudadanos y de la oposición. El caso de Verasay se ha vuelto un símbolo de las desigualdades. Mientras la mayoría de la población lucha por llegar a fin de mes, la diputada, con una década de trayectoria en el Congreso sin haber trabajado en el sector privado, se asegura ingresos que la colocan muy por encima del promedio. Este hecho es especialmente sensible en un año electoral, donde la diputada busca su reelección por la provincia de Mendoza, lo que ha puesto en el centro del debate la necesidad de una reforma en el acceso y la permanencia de los funcionarios públicos en el poder.

Un escándalo con impacto político

El revuelo mediático en torno a Pamela Verasay ha generado un debate sobre la ética pública. La percepción de que algunos políticos utilizan su influencia para asegurar posiciones rentables en el Estado es un tema recurrente en la agenda pública. La falta de transparencia en la designación de estos cargos y la ausencia de experiencia previa en el sector privado son puntos clave de los cuestionamientos.

En este sentido, el escándalo de Pamela Verasay no es solo un caso individual, sino que refleja un problema sistémico que afecta la confianza de la ciudadanía en la dirigencia política. En el actual contexto, la indignación popular ante estos casos se ha vuelto un factor determinante en el voto. La respuesta de los partidos políticos y la Justicia ante este tipo de denuncias será crucial para determinar si hay consecuencias reales para quienes acumulan privilegios en el Estado.