La gestión municipal de Tres Arroyos denunció penalmente a la concejala de La Libertad Avanza de Bahía Blanca, Franca Grippo Harrington, por la presunta utilización indebida de padrones del programa Incluir Salud, dependiente de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), con fines políticos durante la campaña electoral de 2025. La causa ya está en manos de la Justicia.

Un nuevo escándalo sacude a La Libertad Avanza en el sur bonaerense. La gestión del intendente peronista de Tres Arroyos, Pablo Garate, presentó una denuncia penal contra la concejala libertaria de Bahía Blanca, Franca Grippo Harrington, por el presunto uso indebido de datos sensibles de personas con discapacidad con fines proselitistas durante el proceso electoral de 2025.

La presentación judicial fue realizada por Andrea Elgart, coordinadora del Área de Discapacidad del Municipio de Tres Arroyos, y quedó radicada inicialmente en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°16, a cargo del fiscal Gabriel Lopazzo. El expediente se apoya en capturas de chats de WhatsApp, difundidas por distintos medios, en los que Grippo afirma contar con el padrón del programa Incluir Salud, desagregado por localidades de la Sexta Sección Electoral.

En uno de los mensajes atribuidos a la concejala se lee textualmente:

“Tengo el padrón de Incluir Salud, de toda la Sexta, dividido localidad por localidad para que puedan hacer territorio. Es información reservada, me la dieron en papel y se las voy a dar en mano a ustedes”.

Según consta en la denuncia, esos mensajes fueron enviados días antes de la inauguración de un local partidario de La Libertad Avanza en Tres Arroyos, instancia en la que, de acuerdo a lo denunciado, la información habría sido entregada físicamente a dirigentes libertarios de la región.

Datos reservados y uso político

El programa Incluir Salud, que depende de la ANDIS, brinda cobertura médico-asistencial a personas beneficiarias de pensiones por discapacidad. El acceso y la difusión de sus padrones están protegidos por la legislación vigente en materia de datos personales y confidencialidad, especialmente tratándose de información vinculada a la salud.

Desde el municipio de Tres Arroyos sostienen que, mientras el Gobierno nacional avanzaba con auditorías y recortes sobre pensiones por discapacidad, el Ejecutivo local no tenía acceso a esos padrones para acompañar a los beneficiarios en la actualización de su documentación.

“Nosotros no podíamos acceder a la información para ayudar a personas que estaban en riesgo de perder la pensión, pero otros la tenían y la usaron políticamente. Eso es gravísimo”, afirmó Elgart, quien pidió que la Justicia determine si existió la comisión del delito previsto en el artículo 157 bis del Código Penal, que sanciona el acceso ilegítimo y la revelación indebida de datos personales.

Señalamientos y responsabilidades

En la denuncia también se menciona la presencia de dirigentes locales de La Libertad Avanza durante los encuentros en los que, presuntamente, se exhibieron los datos. Entre ellos, se apunta a concejales libertarios de Tres Arroyos y a referentes partidarios de la Sexta Sección.

Elgart fue contundente:

“Tenían información sensible sobre vecinos que se atienden en el hospital público, que viven en nuestros barrios, y la usaron con fines proselitistas. Quiero que la Justicia investigue si hubo honestidad o si se cometió un delito”.

Un contexto político delicado

El episodio se conoce en un contexto de fuerte polémica nacional en torno a la Agencia Nacional de Discapacidad, que quedó bajo la lupa judicial tras las denuncias por presuntas coimas y sobreprecios durante la gestión de su ex titular, Diego Spagnuolo, un caso que también salpicó a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Franca Grippo Harrington, abogada y ex titular de una oficina local de PAMI, asumió como concejala de Bahía Blanca en diciembre pasado tras encabezar la lista libertaria. Hasta el cierre de esta nota, no respondió a las consultas periodísticas sobre la denuncia en su contra.

La causa podría escalar al fuero federal, dado que se trata de bases de datos pertenecientes a un programa nacional. Mientras tanto, el caso suma tensión interna en La Libertad Avanza y abre un nuevo frente judicial para el oficialismo libertario en la provincia de Buenos Aires.