La agenda política argentina se enciende con controversias. El intendente Montenegro bajo la lupa por millonarios gastos en pauta, mientras la diputada Lemoine enfrenta una denuncia penal por presunto encubrimiento. En el congreso, los bonaerenses definieron su nueva composición con una victoria ajustada de La Libertad Avanza en bancas.

La escena política se ve sacudida por una serie de hechos que combinan escándalos de financiamiento, denuncias judiciales a figuras públicas y la reconfiguración del mapa legislativo postelectorales. Desde un polémico gasto de pauta oficial en Mar del Plata hasta una grave denuncia por narcotráfico y encubrimiento, la tensión crece en distintos frentes.

 

La cuestionada pauta de Montenegro en LN+

 

El intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, ha quedado en el centro de una fuerte controversia tras la revelación de un gasto millonario en publicidad oficial destinado a la señal de noticias La Nación+ (LN+).

Documentos oficiales del Ente Municipal de Turismo y Cultura (Emturyc) de General Pueyrredón muestran que el municipio adjudicó más de $104 millones de pesos a la empresa Jorge Terré S.A. para la contratación de espacios publicitarios en el canal. Esta cifra forma parte de un gasto total en publicidad que superaría los $400 millones en 2025.

Particularmente, la lupa se posa sobre la asignación de fondos a los programas conducidos por Cristina Pérez, cuyo esposo es el ministro de Defensa Luis Petri, y Esteban Trebucq, un ferviente defensor del presidente Javier Milei. El programa de Pérez recibirá $19.994.040, mientras que el de Trebucq embolsará $18.229.860. Esta decisión generó críticas de la oposición, que remarca la contradicción entre este gasto municipal y el discurso de «pauta cero» y austeridad que promueve el gobierno nacional, con el que Montenegro mantiene una sintonía política.

 

La denuncia penal contra la diputada Lemoine

 

En el plano judicial, la diputada Lilia Adela Bolukalo Lemoine, también ligada al oficialismo, fue denunciada penalmente y deberá enfrentar una investigación por presuntos delitos graves.

La denuncia, presentada por Marcela Viviana Aguirre el 23 de octubre de 2025, fue asignada por sorteo al Juzgado Criminal y Correccional Federal 4. Los delitos imputados incluyen infracción al artículo 303 inc. 1 e inc. 2 A (asociados al lavado de activos agravado), así como encubrimiento (art. 277) e incumplimiento de la obligación de perseguir delincuentes e incumplimiento de autoridad y violación de deberes de funcionario público (art. 249).

La presentación judicial solicita investigar la presunta participación o encubrimiento de la diputada en maniobras ilícitas. La denuncia vincula a la legisladora con el financiamiento narco a partir de las declaraciones de Fred Machado, un empresario investigado por narcotráfico. Estas acusaciones también alcanzan a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, denunciada por presuntos aportes de Machado a su campaña de 2023, con fondos que la oposición considera «dudosos».

 

La nueva composición del congreso nacional

 

Tras las elecciones, el congreso nacional verá una reconfiguración de fuerzas, con la provincia de Buenos Aires como el principal distrito aportante de nuevos legisladores.

• La Libertad Avanza (LLA) consiguió el mayor número de bancas en el distrito, obteniendo 17 candidatos. Entre los nombres que ingresan al congreso por LLA se encuentran Sergio Figliuolo, Giselle Castelnuovo, Joaquín Ojeda, María Estevarena, Hernán Urien, Andrea Vera, Javier Sánchez Wrba, Álvaro García y Florencia De Sensi.
• Fuerza Patria (el peronismo/kirchnerismo) se quedó con 16 candidatos. Sus principales nombres incluyen a Jorge Taiana, Jimena López, Juan Grabois, Vanesa Siley, Sergio Palazzo, Teresa García, Horacio Corti, Agustina Propato, Hugo Moyano, Fernanda Díaz, Sebastián Galmarini, Fernanda Miño, Hugo Yasky, Marina Salzmann, Nicolás Trotta y María Velázquez.
• El Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT-U) logró ingresar a dos diputados. Los legisladores que asumirán sus bancas son Nicolás Del Caño y Romina Del Plá.

 

Conflicto gremial en Bahía Blanca: seguridad privada en alerta

 

En el plano laboral local, el Sindicato de Seguridad e Investigaciones Privadas (SSIP) emitió un comunicado de prensa el 23 de octubre de 2025 declarando el estado de alerta y movilización contra la empresa Legal Security S.R.L., que presta servicios de vigilancia en los depósitos de Mercado Libre (Loginter) en Bahía Blanca.

El gremio denuncia que la empresa está vulnerando los derechos laborales de varios vigiladores, incluyendo el no abono de horas extras conforme al Convenio Colectivo de Trabajo (CCT), la falta de pago de viáticos, la no entrega de uniformes, y la precariedad de las garitas, ya que los trabajadores no poseen botas de agua ni equipos de lluvia.

El SSIP advirtió que si la problemática no se soluciona antes del 27 de octubre, el 28 de octubre de 2025 comenzarán un plan de lucha con movilizaciones frente a la empresa en Bahía Blanca.

 

Acuerdo salarial en alimentación: bono y aumento

 

Finalmente, la Federación de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (FTIA) y la Cámara Empresaria FIPAA anunciaron un acuerdo salarial para el período agosto/octubre de 2025 bajo el CCT 244/94.

El acuerdo incluye el pago, por única vez, de una suma extraordinaria de $100.000 para todos los trabajadores por igual, que tiene carácter no remunerativo solo a efectos previsionales. Esta suma debe abonarse a más tardar conjuntamente con la segunda quincena de octubre de 2025.

Además, en el mes de noviembre se incorporará al salario una suma de $373.16 a la categoría inicial, lo que, con la apertura de categorías, representa un aumento total del 6.67% para el período. La FTIA destacó que el acuerdo representa la defensa del poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores del sector.