El Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires ordenó la remoción del titular del destacamento Patagonia y aplicó suspensiones a los altos mandos de la región. Las medidas responden a la presunta inacción durante los disturbios del Viernes Santo protagonizados por dirigentes del sindicato de comercio.

El escándalo desatado el pasado Viernes Santo en el Bahía Blanca Plaza Shopping continúa generando repercusiones institucionales de alto impacto. En las últimas horas, el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires dictaminó severas sanciones para la cúpula policial de la ciudad, incluyendo suspensiones y el desplazamiento de un comisario, debido a la falta de respuesta ante los hechos de violencia protagonizados por integrantes de la Asociación Empleados de Comercio (AEC).

La medida más drástica recayó sobre el subcomisario Pedro Jara, quien hasta ahora se desempeñaba como titular del destacamento Patagonia, jurisdicción que abarca el predio del centro comercial. Jara recibió una suspensión de ocho días y fue apartado de su cargo. Desde la cartera de seguridad provincial confirmaron que el oficial será reubicado dentro del organigrama de la fuerza, mientras que la titularidad de dicha dependencia será asumida por el oficial principal Federico Martínez González.

Las esquirlas de la resolución también alcanzaron a los rangos más altos de la región. El superintendente de la Región Sur, Gonzalo Bezos, fue sancionado con cuatro días de suspensión, mientras que el jefe de la Policía Departamental, Gonzalo Sandobal, recibió una pena administrativa de seis días. Según trascendió, los tres funcionarios policiales debieron trasladarse a la ciudad de La Plata para presentar sus respectivos descargos ante Asuntos Internos, en el marco de una investigación que busca determinar las responsabilidades por la pasividad de los efectivos durante los disturbios.

El origen de las sanciones radica en los incidentes que tuvieron lugar en un contexto de gran afluencia de público, cuando un grupo de dirigentes sindicales irrumpió en las instalaciones del shopping, generando pánico y destrozos. La falta de intervención policial para garantizar el orden fue el detonante que motivó el accionar del ministerio bonaerense.

Paralelamente al sumario interno policial, la Justicia ordinaria avanza con una causa penal que instruye la comisión de los delitos de daños, amenazas y privación ilegítima de la libertad. El foco judicial está puesto en las máximas autoridades de la AEC: el secretario general del gremio, Raúl Oviedo, y el secretario adjunto, Claudio Montiel. Este último quedó registrado en las cámaras de seguridad del establecimiento en el momento exacto en el que intentaba violentar y dañar una de las puertas de vidrio del lugar.

El arco político local no se mantuvo ajeno a la gravedad institucional del caso. El Concejo Deliberante de Bahía Blanca aprobó de manera unánime una declaración oficial en la que manifiesta su absoluto rechazo a los hechos de violencia suscitados en el centro comercial. A través del documento, los concejales expresaron su preocupación por la vulneración de la seguridad ciudadana en un espacio familiar y exigieron el rápido esclarecimiento de lo ocurrido.