Jujuy: la Justicia Federal imputó a exfuncionarios de la gestión del exgobernador Morales por fraude contra el Estado
Los hechos investigados son por la irregular construcción de una escuela en Caspalá, a 4.000 metros sobre el nivel del mar, sobre un yacimiento arqueológico.

El gobierno jujeño avanzó sobre un predio ancestral y sin consulta previa a la comunidad originaria, según la Justicia Federal.
La representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) explicó que esas «maniobras» causaron un perjuicio de más de $43 millones al Estado nacional, quien aportó los fondos para las obras que comenzaron y no pudieron culminar debido a que el lugar designado para levantar el establecimiento educativo era un yacimiento arqueológico protegido por leyes provinciales y federales, la Constitución Nacional y convenciones internacionales. De acuerdo al antropólogo Gustavo Ontiveros, en la propiedad privada, ocupada por el Estado jujeño para construir la cancha de fútbol destruida, a modo de reparación, las máquinas «arrasaron con parte de cuatro o cinco estructuras subterráneas que podrían tratarse de tumbas o silos circulares». «Además, se destruyeron estructuras de andenes arqueológicos antiguos, algunos prehispánicos», agregó.
#BestTourismVillages by UNWTO Caspalá, Argentina.
The Conservatorio de Saberes y Haceres brings together young people and transfers research techniques to document the stories and traditions of the village linked to production, environmental conservation and heritage. pic.twitter.com/lvTr1QwErA
— UN Tourism (@UNWTO) December 7, 2021
La brutal represión derivo en el avance de un caso judicial en el fuero federal, en el marco del cual el mes pasado se arribó a un acuerdo de reparación en el que el gobierno provincial, vía Fiscalía de Estado, se comprometió a retirarse de los predios ocupados y a regresar al estado de cosas preexistente.
En lo pactado, el gobierno jujeño se comprometió a restablecer las condiciones preexistentes al inicio del conflicto, tanto en la cancha de fútbol como en la finca privada, en un plazo de 30 días hábiles. Se aclaró que este resultado no extingue las acciones penales por los daños provocados, en contra de los funcionarios estatales que participaron de todo el proceso, desde el exgobernador Morales y funcionarios de ministerios, hasta el comisionado de entonces.
Repudio la represión a integrantes del pueblo de Caspalá.
¡Basta de imponer Gerardo Morales!
Todo mi apoyo al justo reclamo de defender su cancha como único espacio verde y de recreación. pic.twitter.com/KcU3dvWD57— Alejandro Vilca (@vilcalejandro) November 18, 2022
En el caso del excomisionado Apaza, fue imputado de incumplimiento de los deberes a su cargo, en calidad de autor, al no haber cumplido con la ley provincial de patrimonio cultural y natural de la provincia de Jujuy, que prevé que entre sus obligaciones está la de llamar a consulta popular frente a decisiones que afecten el patrimonio cultural y que le dé intervención a la máxima autoridad de cultura dependiente del Poder de Ejecutivo provincial. También fue imputado de la defraudación a la administración pública, en grado de partícipe necesario.
Un paraíso
Caspalá se ubica en el departamento de Valle Grande, 10 kilómetros al oeste de Santa Ana y a 240 de San Salvador de Jujuy y el poblado está en medio de un cordón montañoso. Desde San Salvador de Jujuy se accede a Caspalá por la ruta provincial 73 y antes de llegar al pueblo se recorren dos cuestas en forma de caracol.
