El cosecretario general de la central obrera, Cristian Jerónimo, confirmó que existen consensos para convocar a una huelga general el próximo 25 de febrero. La medida de fuerza busca presionar a los legisladores antes del tratamiento del proyecto en la Cámara baja, tras la media sanción obtenida en el Senado.

El sindicalismo endurece su postura frente al Congreso

A pocas horas de una reunión clave del Consejo Directivo de la Confederación General del Trabajo (CGT), el clima gremial alcanzó un punto de ebullición. Cristian Jerónimo, cosecretario general de la central obrera, adelantó que «están dadas las condiciones» para avanzar hacia un paro general nacional. La fecha tentativa para la medida de fuerza sería el 25 de febrero, coincidiendo con el día en que la Cámara de Diputados tiene previsto tratar la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo.

La estrategia de la CGT no es impulsiva. Según explicó Jerónimo, la conducción sindical ha mantenido una agenda de diálogo constante con gobernadores, senadores y diputados desde el mes de diciembre. Sin embargo, el avance del proyecto en la Cámara alta, donde obtuvo media sanción, ha agotado la paciencia de los sectores gremiales. «Si no eran escuchados y recepcionados nuestros reclamos, iba a escalar la conflictividad», advirtió el dirigente, dejando en claro que la huelga es la respuesta política a la falta de modificaciones sustanciales en el texto.

Puntos de conflicto y críticas al modelo

Uno de los ejes que más irritación causó en Azopardo fue la reincorporación de cambios en las licencias por enfermedad. Jerónimo denunció que este punto había sido retirado durante las negociaciones previas para luego ser incluido nuevamente en la versión final aprobada por los senadores. Para el sindicalismo, este tipo de idas y vueltas representa una vulneración de los derechos adquiridos y una falta de buena fe en el proceso de negociación.

Además de los tecnicismos legales sobre convenios colectivos, el derecho a huelga y el polémico banco de horas, la CGT analiza la reforma bajo un prisma macroeconómico. Para Jerónimo, estas modificaciones no son una solución para la falta de empleo formal, sino que forman parte de una «construcción de un relato» destinada a desviar la atención sobre el funcionamiento del programa económico vigente. «No creemos que estas medidas garanticen la generación de trabajo», sentenció.

El camino hacia la judicialización

El objetivo principal de este eventual paro nacional es «interpelar» directamente a los diputados y a los gobernadores que tienen influencia sobre sus bloques. La central obrera busca que los legisladores realicen una revisión profunda del contenido de la iniciativa antes de que baje al recinto.

No obstante, la huelga no sería el último recurso. El dirigente gremial fue tajante al señalar que, si la reforma es aprobada sin cambios en la Cámara baja, la CGT recurrirá a la justicia. «Vamos a agotar todas las instancias. Si tenemos que judicializarlo, lo vamos a judicializar», afirmó Jerónimo. La advertencia plantea un escenario de largo aliento donde la reforma, aun si se convierte en ley, podría enfrentar múltiples amparos y trabas en los tribunales.

El encuentro formal de la cúpula de la CGT este lunes definirá el plan de lucha oficial. Mientras tanto, el oficialismo en Diputados y referentes del peronismo, como la exministra Raquel «Kelly» Olmos, ya preparan sus propias estrategias para introducir cambios o defender el texto original en una sesión que promete ser determinante para el futuro del mercado laboral argentino.