Un grave caso de vulneración a la intimidad conmociona a La Rioja después de que un hombre fuera denunciado por colocar cámaras ocultas en los departamentos que alquilaba únicamente a mujeres. La investigación avanza tras el secuestro de más de 100 CD’s, dos computadoras y una cámara digital, aunque el acusado, cuyo nombre no se reveló, aún no fue detenido mientras se analiza el material encontrado.

La denuncia inicial fue realizada por Ana, una estudiante universitaria que descubrió la cámara en el ventiluz de su habitación tras escuchar ruidos inusuales. Al revisar la tarjeta de memoria, encontró videos de ella durmiendo. “En principio no creía que fuese una cámara, hasta que conecté la memoria en mi celular y vi los videos”, relató en diálogo con C5N. A partir de su caso, otras dos jóvenes del complejo confirmaron haber hallado dispositivos similares, incluso una de ellas dentro del baño.

Las víctimas aseguraron que el propietario tenía copias de las llaves de todos los departamentos y entraba con su consentimiento por su apariencia “atenta y confiable”. Además, fijaba reglas estrictas: solo alquilaba a mujeres y prohibía la permanencia de parejas, permitiendo únicamente visitas de amigas. “Hace poco cumplí un año acá, y estuve a punto de renovar el contrato”, contó Ana, quien también mencionó haber visto cintas negras en el lugar sin imaginar que ocultaban cámaras.

La jueza a cargo del caso, Gisela Flamini, confirmó que se trata del primer episodio de estas características en la provincia y que todavía no hay imputación formal. “Todavía el hombre no está imputado, pero hay que definir cuál es el delito”, señaló. Durante los allanamientos se incautó una gran cantidad de material audiovisual, cuyo peritaje será clave para determinar la motivación del acusado y el alcance de la conducta denunciada.

Mientras se analizan los elementos secuestrados, la Justicia implementó medidas de protección para las víctimas e instó a otras posibles damnificadas a radicar su denuncia. Según la magistrada, el caso podría derivar en cargos por violación a la privacidad, violencia digital y otros delitos informáticos, dependiendo del contenido de los archivos y la extensión del daño causado.