La trata de personas, definida como una de las más graves violaciones a los derechos humanos y catalogada como la esclavitud del Siglo XXI, exige una intervención estatal integral y sostenida. Argentina, siendo un país de origen, tránsito y destino de víctimas, cuenta con un marco legal robusto (Leyes 26.364 y 26.842) que obliga al Estado no solo a perseguir y sancionar a los explotadores, sino también a proteger y asistir de manera inmediata y gratuita a las víctimas.

Un Delito Complejo que Desafía la Dignidad Humana

 

La trata de personas es un flagelo global que no solo se circunscribe a la explotación sexual, sino que abarca el trabajo forzoso, la servidumbre, la mendicidad y la extracción de órganos. En Argentina, este delito se mantiene vigente y requiere de una respuesta coordinada que trasciende la simple acción policial. La consigna es clara: la erradicación y la asistencia solo son posibles con la presencia activa y organizada del Estado.

 

La Definición del Delito y sus Múltiples Finalidades

 

Según la legislación argentina (Ley 26.364, modificada por la 26.842), la trata se configura con la captación, el transporte o la recepción de una persona con fines de explotación, sin que el consentimiento de la víctima exima al tratante de responsabilidad penal.

Las modalidades de explotación son diversas y brutales:

1. Explotación Sexual: La más visible, incluyendo la prostitución ajena o la pornografía.
2. Explotación Laboral: Situaciones de servidumbre, trabajos forzados o análogos a la esclavitud, comunes en talleres clandestinos, ladrilleras o en el ámbito rural.
3. Matrimonio Forzado y Extracción de Órganos, Fluidos o Tejidos son otras finalidades tipificadas que demuestran la gravedad y la amplitud del crimen.

 

El Rol Indispensable del Estado: Tres Ejes de Acción

 

La Ley Nacional de Prevención y Sanción de la Trata de Personas establece un compromiso ineludible del Estado Argentino basado en el Protocolo de Palermo de la ONU (ratificado en 2002): Prevención, Sanción y Asistencia.

1. Sanción y Persecución Penal: El Estado actúa a través de la Justicia y las Fuerzas Federales (Gendarmería, Policía Federal). La Ley 26.842 incrementó las penas (el tipo básico es de 4 a 8 años de prisión) y eliminó la figura del «consentimiento de la víctima» para menores y personas en situación de vulnerabilidad, asegurando una persecución más efectiva. La Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), dentro del Ministerio Público Fiscal, centraliza las investigaciones para desarticular las redes criminales y decomisar sus bienes.

2. Asistencia y Protección de la Víctima: Este es un eje crucial donde la presencia estatal se vuelve vital para la restitución de derechos. El Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Víctimas de Trata (Línea 145), que funciona las 24 horas y es anónimo y gratuito, garantiza derechos fundamentales a los sobrevivientes:

• Asistencia psicológica y médica gratuita.
• Alojamiento digno, alimentación e higiene personal.
• Representación legal gratuita (Ley de Protección a la Víctima).
• Protección de la identidad y privacidad en las actuaciones judiciales.
• Documentación para extranjeros y apoyo para su permanencia o retorno al país.

3. Prevención y Coordinación Interministerial: La complejidad de la trata requiere una política pública transversal. El Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas coordina las acciones de distintos ministerios (Seguridad, Justicia, Trabajo y Desarrollo Social). Las iniciativas van desde la inspección laboral (a cargo del Ministerio de Trabajo) para detectar la explotación forzada, hasta las campañas de concientización y capacitación de agentes de control.

La lucha contra la trata es un compromiso ético y legal, y la coordinación entre los niveles nacional, provincial y municipal es la única herramienta efectiva para enfrentar a las redes de criminalidad organizada. El sistema de rescate y asistencia no es solo un paliativo, sino la manifestación de que el Estado considera a las personas como sujetos de derecho, nunca como mercancías.