Tras el contundente triunfo electoral, el presidente Javier Milei evalúa una profunda reforma de la Carta Magna que busca extender el mandato presidencial a seis años, eliminar la figura del vicepresidente y reducir el número de legisladores. La propuesta incluye, además, una modificación al artículo $14$ bis que toca directamente el marco de los derechos laborales en el país.

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La reforma profunda que evalúa la Casa Rosada

 

Buenos Aires. El Gobierno Nacional, bajo la dirección del presidente Javier Milei, ha puesto en discusión un ambicioso plan para modificar la Constitución Nacional, una iniciativa que, de concretarse, reconfiguraría el equilibrio de los poderes del Estado y el diseño institucional de la República Argentina. La evaluación, que se cocina «a fuego lento en las huestes libertarias», según trascendió, se basa en la necesidad de consolidar el cambio político a través de un marco normativo más estable y alineado con la visión económica del oficialismo.

El eje central de la propuesta es la extensión del mandato presidencial de los actuales cuatro a seis años. Esta idea retoma un formato histórico de la Constitución previa a la reforma de $1994$, la cual justamente redujo el periodo y habilitó la reelección por un solo periodo consecutivo. Sin embargo, en la propuesta actual no ha quedado claro si el jefe de Estado mantendría la posibilidad de reelección por otros seis años, lo que podría implicar un periodo total de doce años.

 

Los cuatro pilares de la reconfiguración estatal

 

El proyecto de reforma no se limita solo al Poder Ejecutivo, sino que abarca cuatro puntos clave que impactarían de lleno en la estructura gubernamental y social del país:

1. Extensión del mandato presidencial: Cambiar el periodo de cuatro a seis años, con un interrogante aún pendiente sobre la reelección.
2. Eliminación de la Vicepresidencia: Se propone suprimir esta figura, estableciendo que, en caso de impedimento, ausencia o acefalía, el presidente sea reemplazado directamente por el jefe de gabinete de ministros. Esta modificación implicaría una transformación del rol del jefe de gabinete, que pasaría de ser un administrador coordinado con el Congreso (figura introducida en $1994$ para atenuar el hiperpresidencialismo) a tener una línea sucesoria directa.
3. Achicamiento del Congreso: El plan contempla una disminución sustancial del número de parlamentarios en la Cámara de Diputados, bajo el argumento de la reducción del gasto público y la necesidad de una representación legislativa más austera. Esta medida requeriría modificar el sistema de proporcionalidad y representación que rige la elección de los diputados nacionales.
4. Reforma laboral y el artículo $14$ bis: El aspecto más sensible del proyecto reside en la intención de reformar el artículo $14$ bis de la Constitución Nacional. Este artículo consagra los derechos laborales, incluyendo la protección contra el despido arbitrario, el salario mínimo vital y móvil, la organización sindical libre y democrática, y el derecho a huelga. La modificación buscaría «adecuarlo a la dinámica de los tiempos actuales», un eufemismo que, en el ámbito sindical y político, se interpreta como un intento de flexibilización laboral profunda que restrinja o redefina los derechos colectivos.

 

El camino constitucional y el desafío de los dos tercios

 

Cualquier intento de reformar la Constitución argentina se enfrenta a la rigidez del artículo $30$ de la Carta Magna, que establece un procedimiento estricto: la necesidad de reforma debe ser declarada por el Congreso con el voto de dos terceras partes, al menos, de sus miembros totales, y no de los presentes. Posteriormente, la reforma debe ser efectuada por una Convención Constituyente convocada al efecto.

Dado el actual mapa político, donde La Libertad Avanza no cuenta con mayoría propia ni simple en ninguna de las cámaras, lograr la mayoría especial de dos tercios de la totalidad de los miembros representa un obstáculo casi insalvable sin un amplio consenso con bloques opositores. La última reforma, la de $1994$, fue producto del denominado Pacto de Olivos entre el Partido Justicialista y la Unión Cívica Radical, lo que demuestra que este tipo de transformaciones requiere de un acuerdo político transversal y mayoritario.

La propuesta, si bien es analizada internamente, deberá ser sopesada en función de su viabilidad política. Impulsar una reforma de la Constitución que modifique la duración del mandato y toque fibras sensibles como el sistema de representación y los derechos laborales, sin el acuerdo necesario, podría generar una tensión institucional de gran magnitud. El debate sobre el futuro institucional del país se abre, y la discusión sobre el alcance y la legitimidad de estos cambios apenas comienza.