El chalet, valuado en más de un millón de dólares y con custodia de la Policía Federal, fue atribuido inicialmente a Manuel Adorni. La Casa Rosada intenta silenciar el tema en los medios, mientras los registros señalan a un empresario de la tokenización inmobiliaria cercano al polémico proyecto Libra.

Existe una creciente preocupación en el seno del gobierno de Javier Milei debido a la circulación de información sobre una exclusiva mansión ubicada en San Isidro. Si bien en un primer momento la propiedad fue atribuida al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, las investigaciones actuales no descartan que pertenezca a otro funcionario de alto rango dentro del esquema gubernamental.

La residencia en cuestión es un imponente chalet situado en la intersección de las calles Vieytes y Presidente Quintana, en la cotizada localidad bonaerense de Martínez. Ubicada a tan solo una cuadra de Acassuso y en las proximidades de la Costanera, el mercado inmobiliario estima que el valor de esta propiedad supera holgadamente el millón de dólares, alcanzando posiblemente el millón y medio.

La vinculación de este inmueble con Adorni surgió a principios de la semana, obligando al jefe de Gabinete a dar explicaciones públicas. Durante una reciente conferencia de prensa, el funcionario desmintió ser el propietario del chalet, calificando la versión como «parte de una operación política y mediática para dañar al Gobierno». En un intento por desviar la atención, Adorni optó por admitir la titularidad de un departamento en el barrio porteño de Caballito, del cual se tenía escasa información hasta ese momento.

Sin embargo, el misterio en torno a la casa de Martínez persiste. Un dato revelador que confirma la presencia de una figura de peso en el lugar es que el chalet cuenta con custodia permanente de la Policía Federal Argentina. Esto indica de manera inobjetable que allí reside un funcionario del Poder Ejecutivo o, en su defecto, del Poder Judicial. Desde el Gobierno mantienen un hermetismo absoluto, evitando filtrar la identidad del habitante, lo que alimenta las sospechas de que se trata de alguien cuya declaración patrimonial no justificaría semejante nivel de vida.

La tensión en la Casa Rosada ha escalado al punto de intervenir directamente en la agenda mediática. Fuentes cercanas al Ejecutivo revelaron que se realizaron insistentes llamados a diversos canales de televisión exigiendo que se deje de hablar específicamente del chalet de San Isidro. Llamativamente, este nivel de presión no se aplicó para silenciar otros escándalos recientes que involucran al jefe de Gabinete.

Al analizar los registros públicos, la propiedad figura a nombre de Álvaro Castro Burgueño desde abril de 2025. Se trata de un empresario dedicado a la tokenización del mercado inmobiliario y a las inversiones en criptomonedas. La fecha de escrituración llama la atención de los investigadores, ya que ocurrió apenas dos meses después del controvertido lanzamiento del proyecto Libra. En el sector inmobiliario, resulta inusual que un desarrollador enfocado en la promoción de activos digitales y compras tokenizadas decida inmovilizar 1.5 millones de dólares en una casona tradicional de difícil liquidez.

Este entramado vuelve a poner el foco en los vínculos de Adorni con el ecosistema cripto. El jefe de Gabinete fue uno de los invitados destacados al Tech Forum 2024, evento que facilitó el acercamiento entre Javier Milei y los empresarios detrás de Libra. Además, peritajes recientes al teléfono de Mauricio Novelli revelaron chats donde se anunciaba que Adorni sería el orador principal (key note speaker) del Tech Forum 2025, evento que finalmente fue suspendido tras el escándalo de la criptomoneda. Las versiones sobre el profundo involucramiento de Adorni en el negocio de Libra explicarían la cautela del Gobierno a la hora de soltarle la mano, ante el temor a las repercusiones de una posible salida.