Una investigación iniciada por el Comando de Prevención Rural (CPR) de Bahía Blanca culminó con el allanamiento de tres domicilios en la ciudad y el secuestro de carne de ñandú y jabalí, galgos y elementos de caza. Tres jóvenes están supeditados a una causa por infracción a la Ley de Conservación de la Fauna Silvestre (Ley 22.421), tras constatarse la caza furtiva en el paraje Nueva Roma, actividad que generaba graves daños a los productores ganaderos de la zona.

---

 

Impacto de la Caza Furtiva: Investigan Comercialización Ilegal de Carne de Ñandú en la Ciudad

 

La tranquilidad de la zona rural de Bahía Blanca se vio alterada por una investigación que puso en la mira a un grupo de cazadores furtivos. Con fecha 29 de septiembre, el Comando de Prevención Rural (CPR) de Bahía Blanca inició de oficio una causa penal por infracción a la Ley 22.421, la Ley de Conservación de la Fauna Silvestre, con la intervención de la UFIJ Nro. 7, especializada en delitos rurales.

El foco de la investigación se centró en un grupo de jóvenes que, utilizando perros galgos, se dedicaban a la caza ilegal de ñandúes en campos ubicados en el paraje Nueva Roma, a lo largo de la Ruta Nacional 35, entre el kilómetro 30 y el 40.

 

Daños a la Fauna y al Sector Productivo

 

La actividad de la caza furtiva con galgos genera una doble afectación: por un lado, atenta directamente contra la fauna silvestre, en este caso el ñandú, una especie protegida por la ley. Por el otro, provoca un “sinfín de problemas” a los propietarios de los establecimientos rurales.

Según detallaron fuentes del CPR, la presencia y acción de los galgos asusta al ganado vacuno, lo que se traduce en una cadena de daños materiales y económicos para los productores:

• Rotura de alambrados y cortes de cercos eléctricos.
• Mezcla de categorías de ganado.
• Tranqueras dejadas abiertas.
• Estrés en los animales que puede provocar abortos en las vacas preñadas.

El costo de regularizar estos daños, sumado al riesgo productivo, es significativo para los dueños de los campos.

 

Allanamientos y Secuestros Ordenados por la Justicia

 

La investigación no solo constató la práctica de la caza ilegal, sino que también reunió pruebas que indicaban la comercialización de los productos y subproductos obtenidos, incluyendo la venta de carne de ñandú, lo que agrava la infracción a la normativa.

Con base en el material probatorio recabado, el magistrado interviniente ordenó la realización de diligencias de allanamiento en tres domicilios de la ciudad con el objetivo de secuestrar carne de animales silvestres, armas de fuego y otros elementos de prueba.

En horas de la tarde de la fecha, un operativo conjunto del Comando de Prevención Rural de Bahía Blanca, su par de Tornquist y la Comisaría Quinta de la ciudad procedió a los allanamientos en:

1. Pasaje Calvento 2241 (domicilio de Aron Omar Castillo Villegas).
2. Pasaje Calvento 2109 (domicilio de Sergio Braian Marcelo Núñez).
3. Entre Ríos 1924 (domicilio de Franco Agustín Hernández).

 

El resultado de las diligencias fue el secuestro de una cantidad importante de carne de ñandú y de chancho jabalí, varios perros galgos utilizados para la cacería, cuchillos, un handy (posiblemente utilizado para comunicarse durante la cacería) y demás elementos electrónicos que serán sometidos a análisis pericial.

 

Los tres ciudadanos mencionados han quedado formalmente supeditados a la investigación penal, y la UFIJ Nro. 7 decidirá los pasos a seguir en relación con su accionar irregular y las responsabilidades que deriven del incumplimiento de la Ley 22.421. Esta ley, sancionada en 1981, declara de interés público la fauna silvestre y establece la necesidad de permisos y regulaciones estrictas para cualquier actividad que involucre su caza o tenencia.