La Municipalidad de Bahía Blanca confirmó el pago trimestral al Ejército Argentino por el uso de dos puentes Bailey, colocados tras el devastador temporal de marzo. Concejales y funcionarios cuestionan la decisión en medio del recorte de fondos nacionales.

 

Siete meses después del trágico temporal que arrasó con infraestructura clave en Bahía Blanca, se desata una fuerte controversia política y económica. La Municipalidad local confirmó la firma de convenios que establecen un pago millonario al Ejército Argentino por el alquiler de los dos puentes modulares tipo Bailey, instalados de emergencia sobre el Canal Maldonado.

La suma acordada para el alquiler y mantenimiento de los dos puentes, ubicados a la altura de las calles Malvinas y Santa Cruz, asciende a más de $43 millones de pesos de forma trimestral.

La medida, revelada a través de decretos municipales, generó un inmediato repudio en la dirigencia local, que cuestiona que el Gobierno Nacional, tras una catástrofe, opte por un mecanismo de alquiler oneroso en lugar de una cesión o comodato, especialmente cuando se trata de infraestructura vital para la conectividad de la ciudad.

 

Los Detalles de la Factura de la Emergencia

 

Los documentos oficiales de la Municipalidad, concretamente los decretos 2188 y 2189 firmados en septiembre con vigencia retroactiva a junio, detallan el costo. Cada puente, un modelo Compac Bailey doble-simple, tiene un valor de alquiler de $17.670.949,44 por un período de tres meses. A este monto se le debe sumar un seguro técnico obligatorio, contratado con Provincia Seguros, que ronda los $8.4 millones de pesos, elevando la erogación trimestral total a más de $43 millones de pesos.

El Secretario de Obras Públicas local, Gustavo Trankels, confirmó la información y justificó la decisión: “El Ejército los trajo y los posicionó. Tuvimos que acceder a pagar para no dejar incomunicada a Bahía. El intendente (Federico Susbielles) tomó la decisión de firmar un convenio y pagar para que los puentes continúen”, explicó, dejando en claro que la alternativa era el retiro de las estructuras.

Estos puentes provisorios son cruciales, ya que restablecieron la circulación de vehículos livianos entre los sectores norte y sur de la ciudad, luego de que la crecida del Arroyo Maldonado destruyera la infraestructura de hormigón en varios puntos críticos.

 

Críticas por «Negocio» y Falta de Empatía

 

La noticia escaló rápidamente a nivel nacional, y las críticas se centraron en la supuesta contradicción entre la asistencia de emergencia inicial y el posterior cobro millonario.

Concejales de la oposición local y dirigentes provinciales cuestionaron la «falta de empatía» del Gobierno Central. El concejal Pablo Daguerre señaló que el municipio no tuvo otra opción que «alquilarlo, sino deja dividida a la ciudad”. En la misma línea, la dirigente Victoria Tolosa Paz sentenció en redes sociales: “Donde hay una necesidad, Milei encuentra un negocio. Que el gobierno cobre alquiler por los puentes de emergencia es una muestra más de su crueldad y desprecio por la gente”.

El Ministerio de Defensa, por su parte, ha defendido la medida, argumentando que el cobro se enmarca en un “canon habitual” fijado por ley para la prestación de este tipo de equipamiento de ingeniería militar. Sin embargo, para los damnificados y las autoridades locales, la figura del «alquiler» por una ayuda de emergencia resulta incomprensible.

 

Obras Omitidas en el Presupuesto 2026

 

La polémica por el alquiler de los puentes Bailey se profundiza al considerar el Presupuesto Nacional 2026. Concejales bahienses han manifestado su preocupación por la omisión de obras significativas para la reconstrucción definitiva de la ciudad en las partidas nacionales.

Aunque en marzo el Ministro de Defensa, Luis Petri, había destacado la instalación de los puentes «en tiempo récord» y prometido que «nunca vamos a dejar a los bahienses solos», el Municipio ahora se enfrenta a una factura trimestral y a la incertidumbre sobre cuándo se realizará la reconstrucción de los pasos de hormigón, una obra que se estima podría demandar varios años y un presupuesto multimillonario que la comuna no puede afrontar sin el apoyo de Nación.