El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, reiteró su reclamo para modificar el régimen penal juvenil y endurecer las penas para menores involucrados en delitos graves, tras la viralización de las imágenes del crimen de Jeremías Monzón, presuntamente cometido por adolescentes. El mandatario insistió en que el debate debe centrarse en la gravedad de los hechos y no exclusivamente en la edad de los responsables.

Durante una ronda de prensa en la capital provincial, Pullaro sostuvo que el sistema actual quedó desactualizado frente a las nuevas dinámicas delictivas. En ese sentido, afirmó que “el juzgamiento o la pena tiene que ver principalmente con el delito cometido y no con la edad de quien comete ese tipo de delito”, y consideró que el Código Penal responde a una realidad social distinta a la actual, donde, según señaló, existen organizaciones criminales que utilizan a menores para cometer ilícitos.

El gobernador fundamentó su postura en su experiencia como exministro de Seguridad y en los casos registrados en los últimos años en la provincia. Para Pullaro, los adolescentes comprenden la dimensión de sus actos y deben asumir consecuencias. “No podemos evaluar que un chico de catorce o quince años no comprende las acciones que va a llevar adelante. Deberíamos bajar la edad de imputabilidad y se tiene que evaluar por el hecho que se comete y no por la edad que tiene la persona en particular”, manifestó ante la prensa.

Además, rechazó que la vulnerabilidad social sea una justificación automática para delitos extremos. En declaraciones anteriores, había planteado: “Hay un montón de personas que no tuvieron oportunidades y no cometen ese tipo de hechos delictivos. Hay una multiplicidad de factores para que algunas personas tengan estos niveles de violencia extrema, pero no es solo la ruptura del tejido social, sino hasta cuestiones que suceden dentro de las familias”. También advirtió que la legislación debe adaptarse a la evolución del delito: “la criminalidad cambió, las formas cambiaron, con lo cual la ley se tiene que aggiornar y una persona que comete un delito de estas características tiene que pagarlo como si fuese un mayor”.

Pullaro remarcó que su política de seguridad combina medidas estrictas con programas de inclusión. Mientras se endurecen los controles en cárceles y se refuerza el trabajo con fuerzas federales para enfrentar al narcocrimen, también se impulsan iniciativas sociales. “El Estado debe brindar oportunidades y estamos trabajando, llevando adelante programas para contener a 18.000 pibes, darles futuro y talleres, donde la perspectiva tiene que ser de futuro. Apostamos a la educación, al deporte, a la cultura para que esos pibes puedan tener contención, pero ser tajantes y muy duros con los que cometen delitos”, detalló. En este contexto, el debate por la baja de la edad de imputabilidad vuelve a ocupar un lugar central en la agenda política nacional.