«Un Golpe a la Competitividad»

El gobierno de Axel Kicillof enfrenta un fuerte rechazo de la oposición debido a su propuesta de incrementar un 120% el impuesto adicional sobre los ingresos brutos que gravan las operaciones portuarias en la provincia de Buenos Aires. Los legisladores Matías Ranzini (PRO) y Fernando Compagnoni (LLA) consideran que esta medida «afectará severamente la actividad» y perjudicará la competitividad de los puertos bonaerenses frente a otros puertos del país.

Un Impuesto que Crea Desigualdad

El impuesto adicional sobre los ingresos brutos se creó en 2020 como una medida temporal para atender las necesidades fiscales generadas en tiempos de crisis. Sin embargo, con la propuesta actual, no solo se busca hacer permanente este tributo sino también duplicar su valor. Esto significa que los puertos en territorio bonaerense deberán afrontar una carga fiscal que afectará directamente los costos de operación.

Cuestionamientos Legales

La imposición de un tributo adicional a los ingresos brutos en los puertos bonaerenses ha generado cuestionamientos legales. Actualmente, existen 11 causas activas en la Corte Suprema de Justicia que disputan la constitucionalidad de este impuesto, al argumentar que constituye una forma de «aduana interna» prohibida por la Constitución Nacional.

Impacto en la Competitividad

Los diputados que se oponen al impuesto sostienen que la medida infringe derechos de los operadores logísticos y de transporte, dado que se aplican cargas tributarias adicionales a las actividades de carga y descarga que se realizan en puertos bonaerenses. A su vez, destacan que esta imposición no tiene correlato en otras provincias, creando un sistema desigual que impacta en la competitividad del sector portuario de Buenos Aires en relación con puertos de otras jurisdicciones.

¿Qué viene ahora?

El proyecto de Ley impositiva será tratado junto al Presupuesto 2025, y el tema del adicional a los Ingresos Brutos a las cargas y descargas de los puertos tendrá una discusión en la que los legisladores e intendentes de zonas portuarias buscarán evitar que impacte negativamente en la operatoria y competitividad de sus puertos. La decisión pendiente en la Corte Suprema será determinante, ya que establecerá un precedente no solo para Buenos Aires, sino también para cualquier otra provincia que busque aplicar impuestos de características similares.