En una jugada que evoca las medidas adoptadas por el exministro Sergio Massa durante su gestión, el Gobierno Nacional ordenó hoy un fuerte operativo con Gendarmería Nacional y Policía Federal (PFA) para allanar las denominadas «cuevas» del microcentro porteño. El objetivo es claro: desarticular las redes de cambio ilegal a las que el Ministerio de Hacienda acusa de «especulación desestabilizadora», en un intento desesperado por contener la abrupta suba del dólar en el mercado paralelo.

La Respuesta de la City y la Sombra de la Estrategia Massista

 

La incesante escalada del dólar paralelo generó una acción de alto impacto en el corazón financiero de Buenos Aires. El Gobierno, a través de los Ministerios de Seguridad y Hacienda, lanzó una ofensiva coordinada de allanamientos en locales y oficinas de la City. La medida, ejecutada por la Gendarmería Nacional y la Policía Federal, es la respuesta más dura del Ejecutivo frente a la disparada cambiaria.

El despliegue de efectivos en calles como San Martín y Florida no pasó desapercibido, buscando golpear directamente a los centros de operaciones ilegales que manejan grandes volúmenes de divisas. La estrategia apunta a desorganizar la oferta en el mercado marginal y enviar un mensaje de firmeza a los operadores.

 

El Espejo de la Gestión Anterior

 

La decisión de recurrir a las fuerzas federales para intervenir en el mercado cambiario es una táctica que remite directamente a la gestión de Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía. Durante 2023, en momentos de fuerte volatilidad y como candidato presidencial, Massa ordenó una serie de allanamientos de gran visibilidad, logrando incluso la detención del apodado «El Croata», uno de los mayores cueveros de la época.

Al igual que en aquella gestión, el actual Gobierno atribuye la subida de la divisa a una intencionalidad política y especulativa, más que a factores económicos estructurales. «Estamos actuando con firmeza para estabilizar el mercado y proteger la economía de los argentinos», declararon desde Hacienda, utilizando un lenguaje prácticamente idéntico al esgrimido por el exministro en el pasado.

La recurrencia de esta medida demuestra la limitación de las herramientas económicas tradicionales frente a la crisis de confianza y obliga al Gobierno a utilizar el brazo coercitivo del Estado para intentar poner paños fríos a la especulación. Sin embargo, la efectividad a largo plazo de estos operativos siempre ha sido motivo de debate, ya que el dólar paralelo suele recuperar su tendencia alcista una vez que la presión policial se disipa.

 

La Acusación de Desestabilización y los Actores Apuntados

 

Desde el Poder Ejecutivo, la gravedad de la situación llevó a realizar acusaciones directas contra sectores específicos. El Ministerio de Hacienda sostiene que la disparada del dólar es impulsada por «especuladores que buscan desestabilizar el país».

La denuncia se torna más delicada al señalar que el Gobierno «no descarta la participación de empresarios massistas e inversores chinos» que, según esta visión, estarían operando deliberadamente para «ganarle la pulseada al Tesoro de EEUU». Esta es una de las declaraciones más fuertes y sugiere una compleja trama de intereses cruzados que combina la interna política con la geopolítica. La referencia a «empresarios massistas» introduce la lucha de poder en la narrativa oficial, vinculando a la oposición con el intento de generar caos financiero.

Los allanamientos, que fueron coordinados con un gran número de efectivos de civil para garantizar el factor sorpresa, buscan incautar documentación, dinero y tecnología que permita a la Justicia Penal Económica desentrañar las estructuras de blanqueo y especulación detrás de las cotizaciones informales.

Fuentes oficiales aseguraron que el plan de acción no se detendrá. «Las medidas continuarán hasta restablecer la calma cambiaria», afirmaron, indicando que la ofensiva contra el mercado ilegal será sostenida, en lo que se perfila como una batalla judicial y policial contra el denominado «dólar blue».