Un conjunto de sindicatos del sector audiovisual argentino (SATSAID, SICA, SUTEP, CATE y COSITMECOS) emitió un comunicado denunciando una nueva medida del gobierno de Javier Milei, a través del presidente del INCAA Carlos Pirovano, como un «ataque» a los derechos laborales. La medida, publicada en el Boletín Oficial como Resolución 272/2025, obliga a los productores a presentar el Libre Deuda Sindical para la fiscalización de sus obligaciones laborales, lo que los sindicatos consideran una herramienta para dilatar pagos y desfinanciar el sistema.

Un fuerte rechazo ha generado en el sector audiovisual argentino una reciente medida del gobierno nacional, impulsada a través del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA). Diversos sindicatos que representan a los trabajadores de la industria (SATSAID, SICA, SUTEP, CATE y COSITMECOS) emitieron un comunicado conjunto en el que califican la disposición como un «nuevo ataque del INCAA de Milei a los derechos laborales en los medios audiovisuales y el cine argentino».

La medida en cuestión, publicada en el Boletín Oficial como Resolución 272/2025, establece la obligación por parte de los productores de presentar el Libre Deuda Sindical, un certificado emitido por los sindicatos que acredita el cumplimiento de las obligaciones laborales, para la fiscalización de dichas obligaciones por parte del INCAA.

Los sindicatos denuncian esta medida como «unilateral y completamente irresponsable» por parte del gobierno de Milei y del presidente del INCAA, Carlos Pirovano. En su comunicado, señalan que esta decisión «pone en riesgo el cobro de salarios y los derechos laborales de miles de trabajadores y trabajadoras del sector audiovisual».

Según los sindicatos, la medida está hecha «a la medida (y a pedido) de los productores flexibilizadores», quienes encontrarían en este requisito un fundamento para dilatar los tiempos de certificación por parte de los sindicatos. Advierten que esta dilación obedecería a una «ineptitud con el único interés de evadir el pago de los salarios y de las cargas sociales en su totalidad y, por consiguiente, desfinanciar, por ejemplo, el sistema previsional». Los sindicatos enfatizan que estos aportes benefician de manera directa a los trabajadores que representan.

El comunicado concluye con una fuerte crítica al gobierno y a sus «cómplices», a quienes acusan de demostrar «su combinación de ignorancia y prejuicio, operando a espaldas del pueblo trabajador y de su representación». Los sindicatos del audiovisual en su conjunto anuncian que no permitirán este «atropello» y que tomarán las medidas necesarias para revertir esta medida «arbitraria», que consideran pretende negar la historia del movimiento obrero argentino y los derechos conseguidos en años de lucha y unidad.