En el marco de una investigación derivada de la causa principal, la Justicia ordenó siete allanamientos para incautar dispositivos móviles. Se sospecha de presunto encubrimiento y falso testimonio por alteraciones en un informe pericial vinculado al trágico derrumbe de diciembre de 2023.

La investigación por la tragedia del Club Bahiense del Norte sumó un nuevo y decisivo capítulo judicial. En las últimas horas, la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N.º 7, a cargo de la fiscal Marina, ordenó y ejecutó un total de siete allanamientos dirigidos a los integrantes de la Comisión Directiva de la institución deportiva. El objetivo central de los procedimientos fue el secuestro de teléfonos celulares y dispositivos móviles que puedan aportar pruebas fundamentales para una causa paralela que investiga presuntas irregularidades y entorpecimiento en el proceso judicial.

Esta derivación procesal surge a raíz de sospechas concretas sobre posibles interferencias en la investigación principal que busca determinar las responsabilidades por el colapso de la estructura. El trágico evento, ocurrido durante el temporal sin precedentes que azotó a Bahía Blanca el 16 de diciembre de 2023, dejó un saldo irreparable de 13 víctimas fatales y decenas de heridos de diversa gravedad.

Según la información que trascendió desde sede judicial, esta nueva línea de investigación se centra en la presunta comisión de los delitos de encubrimiento y falso testimonio. La hipótesis fiscal se encendió tras el análisis de un informe presentado por un perito actuante en la causa. En dicho documento técnico, se habría detectado un agregado o modificación sustancial que, de acuerdo a las sospechas de los investigadores, podría haber sido acordado y orquestado por un grupo de personas vinculadas a la dirigencia del club para desviar el foco o atenuar responsabilidades.

Para avanzar con las requisas, la UFIJ N.º 7 solicitó las respectivas órdenes, las cuales fueron convalidadas y otorgadas por el Juzgado de Garantías N.º 2, bajo la titularidad del doctor Guillermo Mércuri. Durante los siete procedimientos domiciliarios llevados a cabo por las fuerzas de seguridad, se logró el secuestro efectivo de los aparatos de telefonía celular requeridos por la Justicia.

El próximo paso en el expediente será fundamental: los dispositivos electrónicos incautados serán sometidos a exhaustivos peritajes informáticos. Los especialistas buscarán extraer historiales de llamadas, mensajes de texto, audios y comunicaciones en aplicaciones de mensajería que permitan confirmar o descartar si existió un plan coordinado para alterar las pruebas periciales.

Fuentes judiciales confirmaron que el resultado que arrojen estas pericias tecnológicas determinará los pasos a seguir en la causa, pudiendo derivar en nuevas imputaciones formales por encubrimiento en uno de los hechos más dolorosos de la historia reciente de la ciudad.