La gestión del gobernador de Chubut, Ignacio Torres, está en el ojo de la tormenta tras revelarse que autorizó contratos por más de 4.000 millones de pesos en cinco meses con la empresa de publicidad digital Smart Consumer S.A. La firma, que opera bajo la marca Prosumia, recibió adjudicaciones directas tanto desde la Secretaría General de Gobierno como desde el Instituto de Asistencia Social, generando fuertes cuestionamientos sobre el uso de los fondos públicos.

El gobierno de Chubut, bajo la gestión de Ignacio Torres, ha sido objeto de duras críticas por autorizar contratos millonarios con la empresa Smart Consumer S.A., conocida comercialmente como Prosumia, en tan solo cinco meses. Las adjudicaciones, que superan los 4.000 millones de pesos, han sido calificadas como «escandalosas» por sectores de la oposición y de la sociedad civil, especialmente en un contexto provincial de falta de recursos en áreas sensibles como la salud y la educación.

El primer contrato, con fecha 15 de enero de 2025, fue autorizado por la Secretaría General de Gobierno y se destinó a un «servicio integral de tecnología digital» por un monto de $3.020.245.700,00. Este acuerdo, con una vigencia de cinco meses (de enero a mayo), incluyó pagos iniciales de más de 1.500 millones de pesos y cuotas mensuales adicionales.

A este abultado contrato se sumó otra operación detectada por el Tribunal de Cuentas, que emitió un dictamen sobre un convenio entre el Instituto de Asistencia Social (IAS) y la misma empresa por $600.000.000. En este caso, el objetivo era la «contratación de servicios de publicidad digital en línea» para la promoción de los juegos de azar provinciales.

La documentación oficial muestra que la empresa fue favorecida tanto por el Ejecutivo central como por el organismo de juegos de azar, en procesos que ya están bajo la observación del Tribunal de Cuentas. Incluso se ha señalado que, en el caso del IAS, la compañía no contaba con toda la documentación societaria completa al momento de la adjudicación, lo que aumenta la polémica en torno al uso de los fondos públicos en un contexto de crisis provincial.