Echaron a la gerente general del Banco Nación: cobraba más de $9 millones y contrató a una numeróloga
El ministro de Economía, Sergio Massa, le indicó a Silvina Batakis, la presidenta del Banco Nación (BNA), que despida a María del Carmen Barros, gerenta general de la entidad.
La ejecutiva había quedado envuelta en un escándalo luego de que trascendiera mediáticamente que cobra un sueldo de 9 millones de pesos mensuales; que había contratado como coaching a Verónica Laura Asad, conocida como “Pitty, por $1.800.000; que había designado a Héctor Javier Silva, exmarido de Batakis, en el cargo de Gerente de Sistemas del BNA, y a Juan Pablo Pedemonte, hijo de Barros, al frente de una gerencia en la casa matriz del banco.
“No podemos tener otro tema vinculado a la corrupción”, le habría ordenado Massa a Batakis, luego de que este fin de semana estallara el caso que involucra a Martín Insaurralde, que tuvo que renunciar a su puesto de jefe de gabinete bonaerense y candidato a concejal por Lomas de Zamora, luego de que trascendiera un supuesto viaje suyo a Marbella, en España, con la modelo Sofía Clérici.
El fin de semana se supo que el Banco Nación le inició un sumario a Barros por el caso de “Pitty la numeróloga” y otras contrataciones. En el banco aseguraron que detrás de la denuncia pública –que sacó a la luz un informe del programa Periodismo para Todos (PPT)– está “la mano de la cerealera Vicentin”.
La diputada nacional Graciela Ocaña realizó una denuncia ante el juzgado federal 9, a cargo de Daniel Rafecas, quien giró la denuncia al fiscal Guillermo Marijuan. Éste, a su vez, ordenó el allanamiento del banco e imputó a Batakis y a Barros, por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, defraudación contra la administración pública, administración fraudulenta y peculado y dispuso una serie de medidas de prueba.
Además de las contrataciones de ”Pitty, la numeróloga”, Silva y Pedemonte, el fiscal apuntó también al nombramiento de Maximiliano Piantanida, amigo de Barros, como Gerente Departamental del BNA y a la autorización de Batakis para que Barros perciba diversos plus y premios que suman un sueldo mensual de unos $9 millones, y al hecho de que Juan Manuel Romero, pareja de Barros, perciba $700.000 aunque, según la denuncia de Ocaña, “prácticamente no va a trabajar”.
En el entorno de Batakis señalaron que el directorio del Banco “desconocía completamente” la contratación de Asad, “por tratarse de competencias de la gerencia” y que por eso se instruyó al área de legales a iniciar “un sumario a la gerenta general, María Barros”.
Con respecto a Silva, fuentes del banco aseguraron que “es Técnico electrónico, especializado en Administración de Sistemas, Redes e Infraestructura Tecnológica, con amplia experiencia laboral en el área de Sistemas” y que esa razón “ha sido contratado en el BNA como Analista de Procedimiento en el área de Tecnología, Organización y Operaciones”. Además, subrayaron, “no ocupa ningún cargo jerárquico, prestando exclusivamente los servicios para los cuales fue contratado. No es gerente y no cobra como gerente”.
La contratación de Silva, agregaron, “fue aprobada por el Directorio y obedece a las necesidades de profesionales y/o técnicas detectados por el área competente en Casa Central” y fue precedida por el estudio de “perfiles específicos, que fueron entrevistados y evaluados técnicamente por profesionales del área a cubrir”. De hecho, señalaron, “ingresaron 5 técnicos por misma resolución”.
Además, como se dijo, desde el banco vincularon la difusión de los hechos a la causa de la cerealera santafesina Vicentin, la empresa en concurso de acreedores que en 2020 el gobierno intentó intervenir. “La escalada mediática ocurre a días de haber recibido la noticia de que el juez del caso Vicentin abría el período de Cramdown o Salvajate, donde Silvina Batakis expresó que el BNA estaba trabajando “para poder recuperar el préstamo de USD 300 millones otorgado por la gestión anterior a la empresa cerealera, aún en conocimiento de su quiebra”.
Las fuentes agregaron: “También en coincidencia, la Justicia puso en suspenso la medida”.
