Al respecto resaltaron que la apertura al comercio internacional debe desarrollarse conjuntamente con una agenda concreta para mejorar la competitividad y bajar el costo local, de manera que no se resientan las cadenas de valor, la generación de empleo y la recuperación de la actividad industrial.

Además señalaron la importancia de resolver los problemas de competitividad del país, desde la baja de impuestos, las mejoras en infraestructura y conectividad, la promoción de inversiones nacionales y la modernización de los regímenes laborales.

En ese punto, coincidieron en que el avance solo en políticas de apertura comercial está teniendo consecuencias negativas, especialmente con las PyMEs. Entonces resaltaron que se perdieron más de 30 mil puestos de trabajo industriales desde agosto del 2023.

Tras el cuestionamiento a las políticas implementadas por el Gobierno, elaboraron un informe denominado “Costo argentino: elementos clave para lograr competitividad”, en el que destacaron que la industria argentina tiene una productividad que se encuentra por encima del promedio de América Latina, aunque en términos de competitividad el país ocupa el puesto 66 de 67 países.

El aumento de los juicios laborales

Por otra parte, las autoridades de la UIA manifestaron gran preocupación por el crecimiento de la judicialización en el ámbito productivo, específicamente en casos vinculados con accidentes laborales.

Tal como mencionaron en el informe, en octubre se notificaron a las ART 11.851 juicios, acumulando 105.960 nuevos juicios en el año. De esta manera, se observa que hubo un aumento del 14,3% en comparación con octubre del 2023 y un aumento del 7,6% respecto del acumulado del año pasado.

Por otro lado, mencionaron que los índices de siniestralidad se encuentran en mínimos históricos, en gran medida gracias a los esfuerzos conjuntos de empleadores, trabajadores y el Estado para reducir los factores de riesgo, pese a que los litigios han subido un 25%.

Ante esta problemática, los miembros de la Junta Directiva señalaron la importancia de avanzar en medidas integrales para contener el incremento de la litigiosidad y el consiguiente ajuste de las alícuotas.

En este sentido, remarcaron la necesidad de establecer cuerpos médicos forenses a nivel provincial y nacional, un punto estipulado en la Ley 27.348, sancionada en 2017. La creación de estos cuerpos médicos es el último elemento pendiente en la implementación de la Ley de Riesgos del Trabajo, aún sin concretarse en la mayoría de las provincias y en la justicia laboral nacional.

“Cumplir con esta normativa es esencial para consolidar los esfuerzos del sector orientados a la mejora de las condiciones laborales, la promoción de una cultura de la prevención virtuosa y la previsibilidad en los litigios judiciales ya que el aumento de la litigiosidad viene generando un incremento de las alícuotas, lo que afecta los costos de producción”, indicaron.