La confirmación de la condena contra la ex Presidenta Cristina Fernández de Kirchner ha desatado una ola de reacciones en el ámbito político nacional. Dirigentes de peso han calificado la sentencia como «un final anunciado tras años de perversa persecución política, mediática y judicial», denunciando un «lawfare» y una «infamia» que busca disciplinar a la dirigencia y atentar contra la democracia y la justicia social.

Buenos Aires, 10 de junio de 2025 – La noticia de la ratificación de la condena a Cristina Fernández de Kirchner ha generado un profundo malestar y una inmediata respuesta de gran parte del arco político afín al peronismo y al kirchnerismo. Voces influyentes han salido a denunciar lo que consideran un patrón de «persecución política, mediática y judicial» que se ha extendido a lo largo de los últimos años y que, según afirman, culmina hoy con esta sentencia.

El comunicado, difundido por diversas fuentes políticas, no escatima en críticas hacia el proceso judicial y el clima político actual. Se sostiene que la condena «termina de consagrar una auténtica infamia» y que representa «un nuevo capítulo en la larga historia de ataques al peronismo y a quienes, como ella, se atrevieron a transformar la Argentina en favor de las mayorías». Esta interpretación posiciona la condena en un marco más amplio de conflictos de poder y modelos de país.

Particularmente se hace hincapié en el período del gobierno de Mauricio Macri, donde se acusa el montaje de «un sistema de espionaje ilegal», la «armadura de causas» y la «manipulación de pruebas» con el fin explícito de perseguir a la ex Presidenta, a su familia y a sus exfuncionarios. El concepto de «lawfare» –la utilización de la justicia con fines políticos– y la «estigmatización del campo popular» son señalados como «políticas de Estado» de aquel entonces.

La crítica se extiende al contexto actual, con la llegada de un nuevo gobierno. Se menciona que con un presidente para quien «la justicia social es una aberración», se ha intensificado un «clima de odio, autoritarismo y hostigamiento». La misiva sostiene que tanto el ex presidente Macri como el actual mandatario «desprecian la democracia con la misma intensidad con la que desprecian la dignidad del pueblo», y que, por ello, «hoy celebran» esta condena. Esta fuerte afirmación subraya la polarización política y la profunda grieta existente en la sociedad argentina.

En cuanto al desarrollo del proceso judicial, se critica severamente la actuación de fiscales y jueces, a quienes se les imputa haber actuado con «ánimo revanchista, sin el menor apego por la verdad y por la justicia». La acusación es que no se investigaron hechos, sino que se «ejecutó un plan» o, en términos más crudos, «una vendetta», dado el «carácter mafioso de quienes la persiguen».

Finalmente, el comunicado concluye con una advertencia sobre las implicancias más amplias de esta condena. Se argumenta que el verdadero objetivo detrás de estas acciones es «disciplinar a la dirigencia y garantizar privilegios económicos». La sentencia, según esta visión, deja la democracia «profundamente herida», y se apela a la «responsabilidad histórica» de defenderla. La situación promete continuar generando debates y tensiones en el escenario político argentino.