Escándalo en la ANDIS: cercados por la Justicia, los hermanos Kovalivker se negaron a declarar

En un desesperado intento judicial por eludir el avance de la investigación penal por el escandaloso desfalco multimillonario registrado en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) bajo la actual gestión nacional de Javier Milei, los hermanos Jonathan y Emmanuel Kovalivker —máximos responsables y propietarios de la poderosa droguería Suizo Argentina— se negaron formalmente a responder preguntas en sus respectivas audiencias indagatorias ante la Justicia federal.

EmmanuelLejos de brindar explicaciones documentadas sobre las graves imputaciones que pesan en su contra, ambos empresarios optaron por la presentación de escritos defensivos mediante los cuales montaron una estrategia procesal orientada exclusivamente a exigir la nulidad total de las actuaciones judiciales y a intentar despegarse del entramado de sobreprecios, direccionamiento de licitaciones y compras dirigidas por el que el Ministerio Público Fiscal los señala como piezas centrales y organizadores de la maniobra.

En el marco de este expediente que sacude los cimientos de la administración libertaria, los fiscales federales Franco Picardi y Sergio Rodríguez —titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA)— acusan formalmente a la firma farmacéutica de haber cooptado la estructura interna del organismo estatal para maniobrar adjudicaciones públicas por una suma superior a los 137.000 millones de pesos mediante el uso sistemático de contrataciones simuladas y el pago de presuntos retornos. Pese a la contundencia de los elementos probatorios reunidos en la causa, los empresarios buscaron relativizar su grado de participación responsabilizando a la estructura corporativa de la compañía y cuestionando la validez legal de los audios y los allanamientos que hoy los mantienen judicialmente acorralados.

Silencio, gambetas técnicas y pedidos de nulidad para frenar el expediente

La estrategia desplegada por la defensa de los hermanos Kovalivker apuntó de manera directa a intentar derribar y excluir las pruebas incorporadas al expediente antes que a explicar el destino real de los millonarios fondos públicos destinados a la salud y la discapacidad:

  • Negativa a declarar y chicanas de nulidad: Tanto el presidente de la droguería, Jonathan Kovalivker —quien se encuentra imputado en el expediente bajo el grave rol de jefe de la asociación ilícita—, como su hermano Emmanuel intentaron invalidar los allanamientos realizados y los entrecruzamientos telefónicos obtenidos por los investigadores, alegando que la causa judicial se habría originado a partir de escuchas calificadas por sus abogados como «ilegales».

  • Elusión de responsabilidades individuales: En sus presentaciones escritas, los imputados sostuvieron el argumento de que la fiscalía los acusa simplemente por el hecho objetivo de «ser los dueños» de Suizo Argentina, asegurando que en el legajo no existen órdenes expresas ni firmas directas de su puño y letra que los vinculen con la manipulación de las licitaciones estatales.

  • Justificaciones insólitas sobre encuentros y mensajes: Respecto de los sospechosos ingresos de exfuncionarios del gobierno nacional y empresarios vinculados al rubro a sus exclusivas viviendas ubicadas en el complejo de Nordelta, los acusados adujeron que se trataba meramente de «reuniones sociales». En paralelo, Emmanuel Kovalivker intentó desmarcarse del contenido comprometedor de sus propios chats privados, en los cuales definía explícitamente a un nexo del Ejecutivo nacional como un «gran soldado» al servicio de los intereses de la empresa.

  • Reclamo por la liberación de sus patrimonios: En otro tramo de sus planteos procesales, Jonathan Kovalivker exigió formalmente que se levante la inhibición general de bienes que pesa actualmente sobre sus cuentas y propiedades, intentando de ese modo frenar las medidas cautelares y el embargo dispuesto oportunamente por la Justicia federal.

La acusación fiscal: una caja negra de más de 137.000 millones de pesos

La postura defensiva y evasiva adoptada por los propietarios de la droguería contrasta de manera frontal con el severo y detallado dictamen acusatorio elaborado por los fiscales Picardi y Rodríguez. En su presentación, los representantes del Ministerio Público determinaron con precisión que Suizo Argentina no operaba en el Estado como una simple firma proveedora de insumos, sino que manejaba a su entera conveniencia y discreción las multimillonarias compras de medicamentos de alto costo correspondientes al Programa Incluir Salud.

De acuerdo con las constancias probatorias acumuladas en el expediente judicial, la conducción de la droguería fijaba unilateralmente los precios de referencia, coordinaba de antemano qué otras empresas simulaban competir en las licitaciones para dar apariencia de legalidad y decidía finalmente quién resultaba ganador en cada compulsa pública. Al fundamentar la imputación contra los hermanos, la fiscalía remarcó con contundencia que semejante nivel de cooptación y manipulación del aparato estatal «requirió planificación y gestión desde las altas esferas de conducción de la firma», desmintiendo así de plano el intento de Jonathan y Emmanuel Kovalivker de desligarse de las maniobras corruptas investigadas.