Carlos Beraldi, el abogado de Cristina Kirchner, aclaró que no está confirmada la prisión domiciliaria para la expresidenta
Explicó que el pedido, «debidamente fundado», se presentó este martes ante el Tribunal Oral Federal N°2, que ahora debe resolver si lo otorga o no. «Garantías no tengo ninguna; lo que tengo es la certeza jurídica de que es la condición que se le debe aplicar», sostuvo.
Beraldi argumentó que Cristina «tiene 72 años, es expresidenta de la Nación, tiene una custodia específica, y para eso está este instituto de la prisión domiciliaria. Es lo que nosotros pedimos, pero lo va a decidir el tribunal. Ella no tiene miedo», sostuvo.
Agregó que el pedido, «debidamente fundado», se presentó este martes ante el TOF 2. En diálogo mano a mano con C5N, aclaró que no tiene «ninguna garantía» de que los jueces lo aprueben: «Lo que tengo es certeza jurídica de que es la condición que se le debe aplicar a una persona que está en la situación de Cristina», afirmó.
«Ella fue víctima de un atentado y todavía los autores intelectuales no fueron investigados. Las condiciones de seguridad a las que se debe someter se ajustan a su situación particular. No estamos pidiendo privilegios, sino que se le dé el mismo tratamiento que a cualquier otra persona que se encuentra en esta situación jurídica», señaló.
En ese sentido, consideró que la tobillera electrónica «es una medida de seguridad que en el caso de Cristina no tiene ningún sentido, porque es para monitorear que no sale de su domicilio y para eso está su custodia». De todas maneras, indicó que los precedentes del TOF 2 le dan la «seguridad» de que corresponde la domiciliaria.
«No es algo que interpreto yo como abogado defensor, sino lo que han interpretado los tribunales y en casos que tienen quizás menos condiciones para acceder que el caso de Cristina. Es lo que surge de la jurisprudencia y la doctrina», subrayó.
Por otro lado, Beraldi adelantó que trabaja en una presentación que hará ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para pedirle que revise el fallo. «Hay un plazo máximo de seis meses en el cual debe ser deducida la presentación, y a partir de ahí hay una serie de trámites que demoran un tiempo considerable», aclaró.
«Estamos viendo la posibilidad de que haya vías para abreviar esos plazos y pedir resoluciones más inmediatas. Son consideraciones que vamos a ir trabajando en las semanas siguientes, no puedo hacer más precisiones», sostuvo. En el caso de que el CIDH ordene revisar la sentencia, la medida es vinculante para el Estado argentino.
