El Gobierno de Milei Anuncia la Privatización del 90% de AySA: Debate Abierto sobre el Futuro del Agua y Saneamiento
El Ejecutivo nacional, a través de su vocero Manuel Adorni, informó el inicio del proceso para transferir el 90% de las acciones de AySA, la empresa estatal de agua y saneamiento del Área Metropolitana de Buenos Aires, a manos privadas. La decisión, que se justifica en la supuesta «ineficiencia» de la gestión estatal y la necesidad de «modernizar» el servicio, reabre el debate sobre la entrega de patrimonio público y los potenciales impactos en la población.
El Gobierno de La Libertad Avanza dio un paso decisivo en su agenda de reformas al anunciar públicamente el inicio del proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA). La empresa, clave para la provisión de servicios esenciales en la capital y el conurbano bonaerense, vería el 90% de sus acciones pasar al capital privado, según lo comunicado por el vocero presidencial, Manuel Adorni.
El esquema propuesto contempla una licitación pública de alcance nacional e internacional para seleccionar a un operador estratégico, complementada con una oferta pública inicial que abrirá el capital a otros inversores. Sin embargo, se mantendrá vigente el programa de propiedad participada, asegurando que los empleados de AySA conserven el 10% del capital social.
Adorni fundamentó la medida aludiendo a la supuesta «ineficiencia» de la gestión estatal desde la reestatización de AySA en 2006. Según sus declaraciones, la empresa demandó «aportes permanentes del tesoro nacional por un total de u$s13.400 millones hasta 2023». El vocero también señaló un «fuerte deterioro en la infraestructura», un «aumento desmedido de los costos operativos» –con un crecimiento del 90% en la dotación de personal durante la gestión estatal– y un nivel de morosidad que, según sus datos, alcanzó el 16% desde un promedio anterior del 4%.
El funcionario no escatimó críticas a la administración previa, afirmando que se gastaron más de us200 millones fueron destinados a obras. Adorni mencionó, sin nombrarlos, a la gestión vinculada con Sergio Massa y Malena Galmarini (ex titular de la empresa), indicando que el 25% de esas obras se asignaron a Tigre y Malvinas Argentinas, municipios de origen de la cúpula directiva. «La privatización de la empresa permitirá modernizar el sector y mejorar el precio y la calidad del servicio. Es el paso más importante», sentenció Adorni.
No obstante, la decisión ha generado profundos interrogantes y preocupaciones en diversos sectores. Históricamente, el acceso al agua potable y el saneamiento ha sido reconocido por organismos internacionales como la ONU como un derecho humano fundamental, no como un producto comercial. La delegación de su gestión a actores privados conlleva riesgos como aumentos desmedidos en las tarifas, la exclusión de sectores vulnerables y la posible falta de inversión en áreas menos rentables. La experiencia internacional, de hecho, muestra cómo varios países han optado por reestatizar servicios similares tras constatar que la privatización no garantizó ni calidad ni accesibilidad para todos.
El proceso contará con la regulación de la Comisión Nacional de Valores y se ajustará a «los más altos estándares nacionales e internacionales para garantizar la transferencia». Sin embargo, la sombra de posibles favoritismos en la licitación persiste, recordándose recientes controversias vinculadas a contratos estatales con empresas de seguridad ligadas a familiares de funcionarios. Esto, inevitablemente, plantea la «pregunta del millón»: ¿quiénes serán los verdaderos beneficiarios de esta maniobra?
