El presidente Javier Milei ha impulsado una nueva reforma migratoria a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), que ha generado un amplio debate sobre las condiciones de ingreso, permanencia y el acceso a derechos fundamentales para los inmigrantes en Argentina. El decreto, con fuerza de ley inmediata, busca establecer mayores restricciones en materia de salud y educación, en un intento del Gobierno por «restaurar el orden» y priorizar el uso de los recursos estatales para los ciudadanos argentinos.

Entre las medidas más destacadas de la reforma se encuentra la facultad de deportar a cualquier extranjero condenado por delitos, incluso aquellos con penas leves. Asimismo, se prohíbe el ingreso a personas con antecedentes penales y se establece la expulsión inmediata para quienes ingresen al país por pasos no habilitados o presenten información falsa en su documentación. En cuanto al acceso a servicios, el decreto introduce la posibilidad de que los hospitales públicos cobren por la atención médica a los extranjeros, con la excepción de casos de emergencia. Las universidades, por su parte, podrían aplicar matrículas a estudiantes con residencia temporal, aunque la educación primaria y secundaria seguiría siendo gratuita.

El gobierno ha defendido la reforma, criticando el «turismo de salud» y argumentando que la normativa anterior fomentaba el «desorden migratorio». El vocero presidencial, Manuel Adorni, respaldó el DNU señalando que la ley anterior no se ajustaba a las necesidades del país. Sin embargo, la iniciativa ha suscitado fuertes críticas por parte de organismos de derechos humanos, como el CELS, que han manifestado su preocupación por la ausencia de un debate legislativo y el posible impacto negativo sobre los derechos de los migrantes.

El decreto también establece nuevos requisitos para la obtención de la residencia y la ciudadanía. Para acceder a la residencia permanente, los solicitantes deberán demostrar ingresos regulares y la ausencia de antecedentes penales. La ciudadanía argentina, por su parte, solo se concederá a aquellos que hayan residido en el país durante al menos dos años de forma continua o que hayan realizado una inversión significativa. Estas medidas, que aún esperan su publicación oficial, se asemejan a modelos de países como los de la Unión Europea, donde se exige un seguro médico a los turistas para ingresar.

La presentación de estas medidas en un contexto de elecciones provinciales ha sido objeto de cuestionamientos sobre su oportunidad política, mientras el debate sobre la nueva reforma migratoria de Milei se intensifica en los medios y en el Congreso