La histórica visita pastoral del papa León XIV a la Argentina dejó postales multitudinarias y expresiones de profunda emoción popular a lo largo de los tres días que el Sumo Pontífice permaneció en territorio nacional. Sin embargo, detrás de la masiva convocatoria ciudadana en la celebración central realizada en Palermo, una investigación periodística expuso una trama administrativa y financiera de enorme magnitud que involucra millonarias erogaciones estatales y contrataciones sin licitación pública.

De acuerdo con un informe publicado por el portal El Disenso, elaborado a partir de una investigación de los periodistas Mariana Escalada y Agustín Ronconi, el operativo oficial de la misa papal dio origen a lo que denominaron el «MisaGate»: un esquema de adjudicaciones directas, ausencia de compulsa pública y triangulación de recursos que terminó beneficiando de manera indirecta a empresas vinculadas al entorno familiar del presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem.

Según los documentos oficiales citados en la investigación periodística, la tramitación administrativa se ejecutó de manera acelerada y sin llamado a licitación abierta. En ese marco, la Jefatura de Gabinete de Ministros destinó un monto total de 8.690.000.000 de pesos para financiar la organización integral de la ceremonia religiosa celebrada en el barrio porteño de Palermo.

Sin licitación y a las apuradas: cómo DF Entertainment intermedió los millonarios contratos

Para canalizar los fondos públicos, el Ejecutivo nacional recurrió al procedimiento de compra directa identificado bajo el expediente 79-0012-CDI26, mediante el cual adjudicó la producción general del evento a la firma DF Entertainment S.A. Según detalla la investigación de El Disenso, esta compañía privada actuó como intermediaria operativa del despliegue, encargándose posteriormente de subcontratar los servicios esenciales a las firmas que terminaron ejecutando las tareas en el terreno.

De acuerdo con las especificaciones establecidas en el pliego oficial, la productora DF Entertainment S.A. debía garantizar la contratación de 1.200 operarios destinados a las tareas de seguridad y vigilancia del predio, además de 199 trabajadores afectados a las labores de limpieza y mantenimiento. Para cubrir ambos rubros operativos, la productora recurrió a dos sociedades comerciales estrechamente ligadas al oficialismo: Tech Security y Purgato.

Tal como consignan Mariana Escalada y Agustín Ronconi en su publicación, ambas firmas fueron fundadas originalmente por el propio Martín Menem. Al momento de asumir su banca como diputado nacional y acceder a la presidencia de la Cámara Baja, el dirigente cedió formalmente su participación societaria, quedando ambas compañías en manos de sus hermanos, Eduardo Adrián Menem y Fernando Nicolás Menem. Asimismo, la investigación subraya que las dos firmas comparten tanto el domicilio legal como la integración de sus respectivos directorios.

El crecimiento de la facturación oficial y el contraste con el reclamo del Cottolengo Don Orione

El informe periodístico también puso la lupa sobre la evolución patrimonial y comercial de estas empresas en su relación contractual con el Estado. En el caso de Tech Security, dedicada a la prestación de servicios de vigilancia en edificios públicos, los registros citados por El Disenso indican que pasó de percibir 71 millones de pesos semestrales por la custodia del Hospital Favaloro durante el año 2022, a facturar más de 1.300 millones de pesos en 2024 por la prestación del mismo servicio, lo que representa un incremento porcentual del 1.700 por ciento impulsado por las contrataciones oficiales.

Por su parte, la empresa Purgato asumió la responsabilidad de las tareas de limpieza profunda, el mantenimiento integral y el acondicionamiento previo de toda la zona lindera al Monumento a los Españoles, epicentro de la concentración de fieles.

Finalmente, la investigación periodística contrapone la celeridad administrativa con la que se resolvieron estos pagos hacia las firmas vinculadas al entorno de los Menem frente a la situación financiera que atraviesan instituciones de asistencia social. Según señala la publicación, mientras Tech Security y Purgato accedieron a cobros en tiempo récord, el Pequeño Cottolengo Don Orione —institución dedicada al cuidado de personas con discapacidad que fue visitada por el propio papa León XIV durante su estadía en el país— continúa litigando en sede judicial para lograr el descongelamiento de partidas presupuestarias que el Estado nacional le adeuda.

De este modo, la controversia alrededor de los 8.690 millones de pesos desembolsados por la Jefatura de Gabinete instala un fuerte debate público sobre los mecanismos de transparencia en las compras estatales, el uso de las contrataciones directas y el destino de los recursos públicos en medio de las demandas de los sectores más vulnerables.