El presidente Javier Milei formalizó este sábado dos vetos de alto impacto social y económico que ya anticipaban fuertes controversias. El mandatario frenó el aumento del 7,2% previsto para las jubilaciones mínimas y la declaración de emergencia en el sector de la discapacidad, medidas que habían sido aprobadas por el Congreso Nacional. Los decretos correspondientes se publicarán este lunes en el Boletín Oficial, confirmando la decisión del Poder Ejecutivo.

La ley vetada en relación a los jubilados contemplaba un incremento en el bono que reciben los beneficiarios de la jubilación mínima, elevándolo de 70.000 a 110.000 pesos, con una cláusula de actualización por inflación. Además, incluía una moratoria por dos años destinada a aquellas personas que no habían completado los años de aportes necesarios para acceder a la jubilación. El Gobierno justificó esta drástica medida argumentando la falta de recursos financieros y la imperiosa necesidad de mantener el superávit fiscal como pilar de su política económica. Incluso, el presidente Milei anticipó públicamente que, en caso de que el Congreso intente revertir su veto, recurrirá a la vía judicial para defender su postura.

Por otro lado, el veto a la declaración de emergencia en discapacidad implica la suspensión de una medida que garantizaba la asignación de fondos específicos hasta el año 2027. Estos fondos estaban destinados a cubrir áreas críticas como el transporte, las prestaciones médicas y la asistencia social para las personas con discapacidad. La justificación oficial para este veto también se basó en la restricción presupuestaria y la prioridad de mantener el equilibrio fiscal.

La reacción de la oposición política no se hizo esperar, calificando los vetos como un golpe a los sectores más vulnerables de la sociedad. Para anular un veto presidencial, se requiere una mayoría de dos tercios en ambas cámaras del Congreso, un escenario que se presenta complejo para la oposición sin el apoyo de los bloques provinciales.

Mientras tanto, jubilados y organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el ámbito de la discapacidad han manifestado su profunda preocupación y anunciaron la organización de movilizaciones y protestas frente al Congreso Nacional en los próximos días. La incertidumbre y la desprotección que generan estas medidas en estos sectores podrían intensificar el conflicto político y social en las próximas semanas.