Un informe periodístico reciente pone en el centro de la escena al diputado libertario, señalando una supuesta cercanía con tareas de inteligencia ilegales en San Miguel y una escalada de poder que lo vincula a sectores ultraconservadores. El documento analiza su ascenso político y la presunta relación con prácticas oscuras

La figura del diputado Santiago Santurio, hasta hace poco con un perfil bajo, ha ganado notoriedad en el Congreso Nacional. Un informe divulgado expone una serie de cuestionamientos sobre su ascenso y sus supuestas conexiones con prácticas de poder que irían más allá de su rol legislativo. Según el documento, la situación que ha desatado una crisis en el Ministerio de Capital Humano, con acusaciones de sobresueldos y la inestabilidad de la ministra Sandra Pettovello, también ha iluminado la figura de Santurio, a quien el informe atribuye una «ambición desmedida» y un respaldo de sectores “ultras” de La Libertad Avanza.

El informe señala que el diputado, presidente de la agrupación Ciudadanos, se presenta públicamente bajo lemas como «Primero la familia» y «derechos del niño por nacer», un discurso que, según la publicación, se alinea con la agenda de la ultraderecha. Sin embargo, detrás de esta fachada, el documento apunta a presuntos vínculos con el espionaje ilegal en el partido de San Miguel. Se menciona a Federico Salvatierra, director de Apoyo Judicial de la Policía Municipal de San Miguel, como una figura «apadrinada» por Santurio, a quien se le atribuye ser el cerebro detrás de una dirección desde la cual se llevarían a cabo seguimientos e inteligencia sobre vecinos.

El informe profundiza en la presunta falta de formación de Salvatierra en materia de seguridad, describiéndolo como una persona con poder desmedido gracias a su vínculo con el legislador. Se citan testimonios de agentes que afirman que, con solo una llamada a Santurio, «salía un allanamiento». El texto describe un circuito de poder que, si fuera cierto, permitiría a un diputado operar directamente sobre procedimientos policiales, una situación calificada en el informe como propia de un «manual de inteligencia ilegal». Se mencionan ejemplos de supuestos «hostigamientos» a un trabajador y a un militante, acciones que el informe interpreta como persecuciones políticas.

El documento también relaciona el ascenso de Santurio a la caída de Oscar Zago en la presidencia del bloque de La Libertad Avanza. El informe sostiene que la influencia de Santurio creció tras este episodio y que su figura fue clave en el desplazamiento de Zago, un movimiento que, según el texto, consolidó su posición y le permitió fortalecer su poder dentro del espacio. Además, se menciona la ambición de Santurio de obtener la cartera de Educación, contando con el respaldo de Martín Menem y de la propia Karina Milei.

Otro de los vínculos que destaca el informe son las conexiones de Santurio con el Opus Dei. Se afirma que el diputado se acercó al círculo libertario a través de Nahuel Sotelo, un diputado bonaerense que, según el documento, se presenta como un representante de esta organización ultraconservadora. El informe plantea que esta alianza ideológica explicaría la combinación de un discurso antiaborto con prácticas de control social que, en el documento, se comparan con las de los «servicios de inteligencia de la dictadura».

La nota concluye que las tensiones internas en el oficialismo son evidentes. El informe sugiere que, mientras el gobierno busca presentarse como una fuerza de renovación, la evidencia de que sus cuadros se vinculan con prácticas de espionaje, persecución política y ambiciones desmedidas podría socavar su imagen pública. La pregunta que plantea el documento es si el gobierno puede sostener a figuras como Santurio sin que se ponga en riesgo la credibilidad de su proyecto político.