Una empresa china exportadora de carne denuncia una presunta maniobra de corrupción en la que estarían involucrados altos funcionarios del gobierno actual, incluyendo a un hombre de confianza del ministro de Economía, Luis Caputo. La empresa acusa a la Aduana de retener y decomisar 13 contenedores de carne, valuados en millones de dólares, bajo el pretexto de una «cuestión administrativa» menor, una tasa de apenas 20 mil pesos. Este caso, que ya se encuentra en la justicia, revela una trama que involucraría al titular del ARCA, Juan Pazo, y al jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

El caso salió a la luz tras la denuncia del frigorífico NIU Pampeana S.A. contra la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. El abogado de la empresa, Carlos Telleldín, relató los detalles de la operación, la cual comenzó cuando la aduana retuvo los 13 contenedores por el supuesto impago de una tasa. En un intento por resolver la situación, el estudio jurídico de Telleldín se comunicó con los funcionarios, quienes pidieron una transferencia que, según se constató, no iría a una cuenta del Estado, sino a una cuenta personal de la esposa de uno de los funcionarios involucrados.

La Trama y los Protagonistas

El abogado Telleldín afirmó que lo que realmente se buscaba era «robarse los 2 millones de dólares» que valían los tres contenedores de carne que fueron decomisados. Los hechos señalan al titular del ARCA, Juan Pazo, un hombre cercano a «Toto» Caputo, como uno de los actores principales. El propio jefe de Gabinete, Guillermo Francos, habría participado de las negociaciones, proporcionando una tarjeta con el número de Pazo para «arreglar la situación».

El escándalo se profundiza con el destino final de la mercadería. El acta de decomiso de la Secretaría de Agricultura indicaba que la carne sería entregada a la Fundación Banco de Alimentos. Sin embargo, una cámara oculta realizada por el estudio de abogados de la empresa china reveló que los camiones, que cargaban más de 26 mil kilos de carne, no llegaron a ese destino. Un empleado del Banco de Alimentos confirmó que la carga «no estaba en la lista». El seguimiento a uno de los camiones, también grabado, mostró que la mercadería fue descargada en un galpón en la localidad de Laferrere. Este hecho refuerza la sospecha de un robo planificado, en el que se utiliza el nombre de una fundación sin fines de lucro para encubrir el desvío de los productos.

Antecedentes y Consecuencias Judiciales

El informe también destaca los antecedentes de Juan Pazo, mencionando denuncias previas por corrupción, como el caso de la licitación de la merluza en el Consejo Federal Pesquero, donde se lo acusó de estar involucrado en una presunta red de coimas. Las declaraciones juradas de Pazo también revelan un vasto patrimonio empresarial y la existencia de empresas offshore en Florida, Estados Unidos, en las que él y su esposa figuran como directores, un hecho que no habría sido debidamente declarado.

La causa judicial avanza lentamente, con dos frentes abiertos: una causa penal por el robo de la mercadería y otra en el fuero contencioso administrativo para que el Estado pague los 2 millones de dólares de los productos incautados. Telleldín es claro: «las actas están firmadas por todos funcionarios, no hay un solo particular». El abogado subraya que será el pueblo, a través de sus impuestos, el que tendrá que pagar los daños por un «curro en nombre del Estado».

Este caso se suma a los recientes escándalos de corrupción que han sacudido al gobierno, poniendo en entredicho las promesas de «mano dura» contra quienes cometan actos ilícitos. Las declaraciones del presidente Javier Milei, quien ha prometido «ponerle un cañonazo en la cabeza» a quien tenga «la mano en la lata», resuenan con una ironía particular ante el presunto involucramiento de sus funcionarios más cercanos. La revelación de esta trama no solo genera preocupación en el ámbito empresarial, sino que también erosiona la confianza pública en un momento de gran fragilidad económica y social.