El Gobierno nacional ejecutó menos del 40% de los recursos prometidos tras la histórica inundación y rechazó miles de subsidios.

El auxilio financiero comprometido por el Gobierno nacional tras la catástrofe climática en Bahía Blanca volvió a quedar bajo una fuerte controversia pública. De acuerdo con los datos difundidos sobre la ejecución presupuestaria, la gestión encabezada por el presidente Javier Milei destinó menos del 40% de los fondos prometidos originalmente para afrontar la reconstrucción de la ciudad.

Para comprender la magnitud del reclamo es necesario remontarse al 7 de marzo de 2025, fecha en que la localidad bahiense sufrió una sucesión de tormentas extraordinarias. Durante esa jornada cayeron más de 350 milímetros de agua en un lapso de apenas 12 horas, lo que desencadenó la mayor inundación registrada en la historia de la ciudad.

El impacto del temporal dejó consecuencias trágicas y un colapso hídrico sin precedentes. Como saldo del fenómeno meteorológico, 18 personas perdieron la vida, mientras que miles de vecinos debieron ser evacuados de urgencia de sus hogares ante el vertiginoso avance del agua en distintos barrios.

Ante la gravedad de la situación, el Ejecutivo nacional había anunciado un paquete de ayuda millonaria para la asistencia directa y la reparación de infraestructura. Inicialmente se prometieron 200 mil millones de pesos en asistencia directa dentro de un esquema global estimado en 226 mil millones. Sin embargo, los registros oficiales muestran que la administración nacional terminó ejecutando únicamente 82.604 millones de pesos.

La disparidad entre lo anunciado y lo efectivamente desembolsado generó un profundo malestar en las autoridades locales y entre los propios damnificados. El monto invertido no alcanza a cubrir la mitad de los compromisos asumidos en el momento de mayor emergencia para el distrito.

El perjuicio económico afectó de manera directa al sector productivo y mercantil de la ciudad. Según declaraciones vertidas por el intendente de Bahía Blanca, tampoco se concretó la llegada de los 26 mil millones de pesos que habían sido prometidos por Patricia Bullrich, destinados de forma específica a comerciantes y pequeñas empresas locales golpeadas por el temporal.

A esta falta de partidas se sumó la desestimación masiva de solicitudes individuales de auxilio. Bajo la órbita del Ministerio de Seguridad de la Nación se gestionó el Subsidio Único de Reconstrucción (SUR), una herramienta concebida para asistir a los vecinos y unidades productivas afectadas. Sin embargo, la cartera estatal terminó rechazando un total de 4.655 solicitudes de ayuda.

De este modo, tanto comerciantes como familias bahienses quedaron marginados de los cobros previstos para hacer frente a las pérdidas materiales. La brecha entre los anuncios oficiales y las partidas efectivas mantiene abierto un tenso reclamo sobre el destino de los recursos prometidos para la reconstrucción total de la ciudad.