La Auditoría General de la Nación (AGN) ha escalado su reclamo ante la falta de información por parte del Banco Central sobre el masivo traslado de lingotes de oro de las reservas a un destino extranjero a mediados de 2024. El titular de la AGN, Juan Manuel Olmos, confirmó ante el Congreso que el «intercambio de notas ya se agotó», forzando al organismo de control a preparar una acción judicial. Se estima que el volumen enviado podría representar hasta el 60% de las reservas metálicas, con un valor que superaría los 1.000 millones de dólares.

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El Banco Central y el Secreto sobre las Reservas

 

Una controversia de alto impacto institucional ha estallado entre el Poder Ejecutivo y el principal organismo de control externo del Estado. La Auditoría General de la Nación (AGN), presidida por Juan Manuel Olmos (propuesto por el peronismo, la principal fuerza de oposición), ha intimado al Banco Central (BCRA) para que revele el destino específico de una porción significativa de las reservas de oro del país, que fueron trasladadas al exterior durante la gestión del gobierno de Javier Milei en el año 2024.

La AGN activó el proceso de control tras el movimiento de los lingotes de oro. La entidad bancaria, sin embargo, se ha negado reiteradamente a proporcionar la información solicitada.

En una reciente reunión de la Comisión Bicameral Mixta Revisora de Cuentas en el Congreso, Olmos manifestó la gravedad de la situación, indicando que el canal de comunicación habitual se ha agotado. «Estamos ante un intercambio de notas que ya se agotó», declaró el funcionario.

El titular del organismo de control detalló la información que el Banco Central ha omitido sistemáticamente: «No podemos saber dónde está el oro, qué interés está rindiendo, cuáles son las tasas que se están pagando. Tampoco sabemos si se pagaron seguros de traslado y cuánto costaron». Esta negativa a la transparencia en un activo crucial para el respaldo económico del país sienta un precedente preocupante en la relación entre los organismos del Estado.

 

Un Activo Nacional de Valor Estratégico

 

La directora del Observatorio del Control Público, Carla Pitiot, aportó al debate las posibles dimensiones de la maniobra. Aunque aclaró que se trata de «estimaciones informales», el volumen de oro enviado al exterior podría oscilar «entre 31 y 37 toneladas», una cifra alarmante ya que equivaldría a cerca del 60% del total de las reservas en metales de Argentina. El valor de mercado de esta porción de oro rondaría los 1.000 millones de dólares.

La especialista enfatizó la naturaleza particular de este activo: “El oro respalda a todo un país, es un respaldo importante, no se lo puede sacar de un día para el otro sin dar a conocer nada”. Además, Pitiot recordó que existen muy pocos antecedentes de organismos auditados que se nieguen a entregar información a la AGN, siendo la ley «clara» en cuanto a la obligatoriedad de rendir cuentas.

 

La Respuesta de la AGN: Acción Judicial en Marcha

 

Ante la persistente falta de cooperación del Banco Central, la Auditoría General de la Nación se ve forzada a tomar medidas más drásticas. La normativa interna del organismo establece que, una vez que el caso es receptado por la Comisión Mixta Revisora de Cuentas, la AGN «procederá a iniciar una acción judicial en ejercicio de las competencias constitucionales y legales».

Sin embargo, la capacidad de la AGN para avanzar con firmeza en esta y otras causas se encuentra comprometida por una situación institucional anómala. La Auditoría debe estar conformada por siete auditores; no obstante, los mandatos de seis de ellos han expirado. Debido a la falta de acuerdo político en el Congreso, los reemplazantes aún no han sido designados. Esta parálisis ha «paralizado la tarea del organismo».

La oposición, que impulsó a Olmos a la presidencia, busca «acelerar los nombramientos en los próximos días» para dotar a la AGN de su plena operatividad antes del recambio legislativo que se espera para el mes de diciembre. La posibilidad de una acción legal contra el Banco Central marca un punto de inflexión en la relación entre el gobierno y los órganos de control, abriendo un nuevo frente de conflicto judicial por la transparencia de las finanzas públicas.