El fiscal Gerardo Pollicita ordenará peritajes técnicos a billeteras de Bitcoin y revisará la reconstrucción de su vivienda en un country.

La Fiscalía Federal a cargo de Gerardo Pollicita impulsará este lunes nuevas medidas de prueba en el marco de la causa que investiga por presunto enriquecimiento ilícito a Manuel Adorni, con el objetivo de verificar la veracidad de los argumentos económicos y la documentación respaldatoria aportados por la defensa del exjefe de Gabinete.

Uno de los ejes centrales sobre los cuales se focalizará la investigación judicial reside en el origen y la trazabilidad de ocho billeteras de Bitcoin. De acuerdo con las aclaraciones presentadas por el exfuncionario, a través de estas herramientas digitales logró generar una suma equivalente a US$ 591.544,61, fondo que habría sido obtenido de manera previa a su ingreso formal a la función pública.

Para examinar de manera técnica dichas operaciones, la Fiscalía ordenará un peritaje especializado que quedará grabado en soporte audiovisual. Este procedimiento buscará constatar de forma exhaustiva si las transacciones registradas coinciden efectivamente con las fechas, los montos y las direcciones digitales informadas en el expediente por la defensa.

Adorni sostuvo en sus presentaciones que efectuó adquisiciones de Bitcoin en 2014, concentrando el volumen principal de su inversión hacia el año 2017, mientras que las ventas se habrían concretado entre 2017 y 2018. No obstante, un aspecto determinante para la Justicia es que las operaciones de venta no pasaron por el sistema financiero formal ni por plataformas de intercambio autorizadas, sino que se habrían realizado directamente con particulares mediante la entrega de dólares en efectivo.

Para respaldar dicha hipótesis, la defensa del exjefe de Gabinete presentó un acta notarial mediante la cual buscó acreditar la titularidad de las ocho billeteras virtuales, poniendo además a disposición del juzgado las claves privadas correspondientes. La intención de la Fiscalía radica en establecer mediante una revisión técnica independiente si esa reconstrucción histórica posee verdadero sustento o si existen inconsistencias.

En paralelo a la arista cripto, los investigadores analizarán el destino final del dinero desembolsado en las reformas de la propiedad que Adorni posee en el country Indio Cuá, ubicado en la localidad de Exaltación de la Cruz. Sobre este punto, la causa exhibe un desfasaje cercano a los US$ 70.000 entre lo declarado por el contratista a cargo y las estimaciones aportadas por el imputado.

El contratista Matías Tabar declaró en el expediente haber percibido un aproximado de US$ 245.000 por los trabajos de remodelación efectuados en la residencia familiar. En contraposición, la defensa de Adorni impugnó ese monto mediante la presentación de un informe técnico confeccionado por un arquitecto de parte, el cual tasó las obras concretadas en un total de US$ 174.954,58.

Frente a esta discrepancia numérica, el fiscal Pollicita consideró que el informe de parte no resulta suficiente para determinar el costo real desembolsado, motivo por el cual requerirá nueva documentación comprobatoria que permita dilucidar si el valor de la remodelación se ajustó a la cifra de la defensa o si se aproximó al monto señalado por el contratista. A su vez, la defensa cuestionó los documentos arrastrados por Tabar, argumentando la existencia de facturas de materiales sin comprobante y reconociendo que parte del vínculo comercial se manejó de manera informal con pagos en efectivo.

Las nuevas diligencias ordenadas por la Fiscalía se producen luego de que Adorni respondiera a un cuestionario de 20 preguntas fijado por Pollicita para rastrear la evolución patrimonial de sus bienes entre diciembre de 2013 y junio de 2016. Durante el expediente surgieron importantes cantidades de dólares en efectivo registradas en declaraciones juradas rectificativas correspondientes a los períodos 2023, 2024 y 2025, donde figuraron montos de US$ 565.000, US$ 513.000 y US$ 388.961,52 bajo el concepto de «venta de activos».

Según la postura defensiva, parte de los fondos provenientes de las transacciones con Bitcoin habrían sido posteriormente destinados al pago de gastos personales, inversiones diversas y adquisiciones inmobiliarias. Entre estas últimas se incluye la remodelación de la vivienda de Indio Cuá y el pago de US$ 30.000 en efectivo por un inmueble situado en la calle Miró, en el barrio porteño de Caballito. Todas las medidas solicitadas por el fiscal deberán contar con la ratificación formal del juez federal Ariel Lijo.