El fraude de la criptomoneda $LIBRA, estimado entre 100 y 120 millones de dólares, escaló a nivel judicial y parlamentario, afectando directamente al Gobierno nacional. La justicia federal ordenó el congelamiento de activos de los principales operadores del fraude. Paralelamente, la Comisión Investigadora de Diputados halló indicios de transferencias millonarias entre el empresario acusado, Hayden Davis, y allegados a la cúpula oficial, que coincidirían con un presunto plan de lobby para “monetizar la imagen del presidente Javier Milei”.

La Justicia avanza sobre el fraude $Libra y congela bienes por millones

Lo que comenzó como una promoción de criptomoneda en febrero, se ha transformado en un escándalo de escala internacional que sacude los cimientos del poder ejecutivo en Argentina. El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi ordenó una medida cautelar de “prohibición de innovar” sobre bienes muebles, inmuebles y activos financieros del empresario estadounidense Hayden Davis, CEO de Kelsier Ventures, y de sus operadores Favio Camilo Rodríguez Blanco y Orlando Rodolfo Mellino.

Esta acción judicial busca evitar que los acusados dispongan de los fondos antes de que concluya la causa penal. El fiscal Eduardo Taiano, a cargo de la investigación, respaldó la medida con un informe técnico que estima el fraude de $LIBRA entre 100 y 120 millones de dólares, lo que justifica la necesidad de preservar los activos para un eventual decomiso. La Comisión Nacional de Valores (CNV) fue instruida para notificar a todas las plataformas cripto (PSAV) que operan en el país para que extiendan el bloqueo.

La dimensión global del caso se confirmó con la ampliación de una demanda colectiva en Nueva York contra Davis y la plataforma Meteora, acusándolos de liderar una «fábrica de fraude» que abarcó también a otro criptoactivo ($M3M3). Los denunciantes invocan la RICO Act, la ley estadounidense contra el crimen organizado, lo que subraya la gravedad de las acusaciones.

El Congreso apunta a la Presidencia por «mal desempeño»

El escándalo dio un giro político explosivo al revelarse vínculos directos con la cúpula gubernamental. Tras tres meses de trabajo, la Comisión Investigadora del Caso Libra en la Cámara de Diputados consolidó un expediente de más de diez cuerpos con hallazgos que complican al Gobierno.

Los documentos judiciales mencionan transferencias millonarias entre Davis y personas vinculadas al entorno del presidente Javier Milei, que coinciden con reuniones previas en la Casa Rosada. A esto se suman mensajes de texto atribuidos a Davis que sugieren un esquema de influencia que buscaba “monetizar la imagen del Presidente” e incluso planificaba el lanzamiento de una supuesta criptomoneda llamada $MILEI.

El diputado Juan Marino (Frente de Izquierda) fue contundente al afirmar que la comisión halló “indicios que refuerzan la hipótesis de que el presidente Javier Milei habría incurrido en mal desempeño en el uso de sus atribuciones”.

Transferencias y el «Acuerdo de Cooperación»

La comisión investigadora logró un hito al obtener información de Binance que confirmó la existencia de una billetera perteneciente al lobista Mauricio Novelli. Según la diputada Sabrina Selva, Novelli recibió aproximadamente 300.000 dólares entre el 19 y el 30 de noviembre de 2024, y 250.000 el 17 de enero de 2025. Estas cifras y fechas coinciden con el cronograma de pagos estipulado en un presunto “acuerdo de cooperación” difundido por la prensa, el cual prometía una representación exclusiva del Estado argentino en asuntos de blockchain a cambio de un pago inicial de 300.000 dólares y cuotas mensuales de 250.000.

Los investigadores creen que estos pagos provendrían de Hayden Davis. Selva detalló que, a su vez, la billetera de Novelli distribuyó el resto de los fondos a exchanges internacionales.

Denuncias contra funcionarios y un quiebre institucional

La oposición no solo ha avanzado con la investigación en el Congreso, sino que también ha resuelto presentar denuncias penales contra el juez Martínez de Giorgi, el fiscal Taiano y varios altos funcionarios del Poder Ejecutivo, incluyendo al ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona y a los titulares de la Oficina Anticorrupción y la UIF. Se los acusa de mal desempeño e incumplimiento de los deberes de funcionario público por supuestas demoras u obstrucciones en el caso.

El diputado Maximiliano Ferraro, quien presidió la comisión, destacó que se logró destrabar el bloqueo inicial del oficialismo para consolidar el expediente, que será remitido al Juzgado Federal. La tensión en el Congreso es máxima, con la bancada oficialista calificando el proceso de la comisión como “nulo” y acusando a la oposición de vulnerar garantías individuales. No obstante, la oposición insiste en que las pruebas son contundentes, abriendo una grieta institucional que amenaza con desbordar a todo el Gobierno.