Las centrales sindicales cuestionaron la medición oficial de inflación difundida por la administración de Javier Milei, denunciaron despidos y paritarias congeladas, y convocaron a un paro y movilización para el 10 de febrero frente al Congreso Nacional.

La Mesa Sindical expresó un fuerte rechazo al índice inflacionario informado por el Gobierno nacional y reclamó una compensación salarial del 23% para trabajadores registrados y no registrados, jubilados y pensionados. La exigencia fue acompañada por una convocatoria a un paro y movilización prevista para el próximo 10 de febrero, frente al Congreso Nacional.

A través de un comunicado difundido en las últimas horas, el espacio sindical calificó como “muy grave” el contexto en el que se dio a conocer el dato oficial de inflación y advirtió que la medición no refleja el impacto real del costo de vida sobre los ingresos de la población.

Críticas al índice oficial y al mercado laboral

Según la Mesa Sindical, el escenario económico actual está marcado por 270.000 despidos de trabajadores registrados y por paritarias “pisadas”, que impidieron que la mayoría de los salarios acompañaran siquiera el índice inflacionario oficial.

“El contexto del dato inflacionario oficial es muy grave: miles de despidos y acuerdos salariales congelados que no alcanzaron ni siquiera a la inflación maquillada”, señalaron desde el espacio gremial, al tiempo que pusieron en duda la confiabilidad de la medición difundida por el Gobierno.

Cuestionamientos a la metodología de medición

En el comunicado, la Mesa Sindical sostuvo que la inflación publicada por el Ejecutivo está “amañada” y recordó que el propio Gobierno reconoció la necesidad de modificar la metodología de cálculo a partir de enero. Sin embargo, advirtieron que el cambio no resuelve el problema de fondo.

“A partir de enero cambian la metodología, pero no abandonan las mañas: pasan por alto el 23% que nos deben a los trabajadores por su cálculo desactualizado y pretenden empezar de cero, como si nada hubiera pasado”, afirmaron.

Desde el sector sindical consideran que ese porcentaje representa una pérdida concreta del poder adquisitivo acumulada durante los últimos meses y reclaman que sea reconocida como una compensación inmediata.

Reforma laboral y tensión con los gobernadores

Otro de los puntos centrales del pronunciamiento fue el rechazo a una eventual reforma laboral, a la que calificaron como “esclavista”. Según denunciaron, el Gobierno busca avanzar con modificaciones en la legislación laboral ofreciendo recursos a los gobernadores, en un contexto en el que las provincias también enfrentan recortes y pérdida de ingresos.

“Quieren imponer una reforma laboral regresiva y para eso no escatiman en prometer recursos de manera impúdica, mientras succionan ingresos vitales a las provincias”, señalaron desde la Mesa Sindical.

El impacto real de la inflación en la vida cotidiana

En relación al último dato oficial, que ubicó la inflación en 2,8%, el espacio gremial sostuvo que la cifra refleja dos problemas centrales: por un lado, que no coincide con el impacto real en la economía familiar, y por otro, que muestra una tendencia ascendente que agrava la situación social.

Además, remarcaron que incluso el propio Gobierno debió admitir que los rubros con mayores subas fueron aquellos en los que los hogares argentinos destinan la mayor parte de sus ingresos: alimentos, transporte, agua, electricidad, gas, combustibles y comunicaciones.

Paro y movilización el 10 de febrero

Frente a este panorama, la Mesa Sindical reiteró su reclamo de una compensación salarial del 23% y confirmó la convocatoria a un paro y movilización para el 10 de febrero, con concentración frente al Congreso Nacional.

La medida busca visibilizar el rechazo a la política económica del Gobierno y presionar por una recomposición de ingresos en un contexto de fuerte ajuste, caída del empleo y pérdida del poder adquisitivo.