Un fallo del Juzgado Nacional del Trabajo N.º 30 suspendió los efectos del acuerdo de transferencia incluido en la Ley de Modernización Laboral. La medida cautelar fue solicitada por la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación ante posibles vulneraciones a los derechos de los trabajadores y vicios constitucionales.

En una resolución de gran impacto institucional, el juez nacional Herman Mendel hizo lugar a una medida cautelar solicitada por la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (U.E.J.N.) y ordenó la suspensión inmediata de la transferencia de la Justicia Nacional del Trabajo a la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El fallo paraliza los efectos del acuerdo firmado el pasado 9 de febrero entre la Nación y el Gobierno porteño, el cual formaba parte de la reciente Ley 27.802 de «Modernización Laboral».

La demanda, impulsada por el gremio que conduce Julio Piumato, planteó la nulidad e inconstitucionalidad de los artículos 90 y 91 de la mencionada ley. Entre los argumentos centrales, el sindicato denunció que el traspaso fue aprobado por el Congreso durante sesiones extraordinarias sin que el tema estuviera incluido en la convocatoria oficial, lo que representaría un vicio de competencia legislativa. Asimismo, advirtieron que la medida ponía en riesgo la estabilidad laboral y la carrera judicial de 1.530 agentes, ante la falta de garantías sobre el mantenimiento de sus condiciones actuales, como la jornada horaria y el régimen de ascensos.

En sus fundamentos, el magistrado destacó que el procedimiento adoptado por el Poder Ejecutivo no fue compatible con lo establecido en la Ley 24.588, conocida como «Ley Cafiero», la cual regula las garantías de los intereses del Estado Nacional en la ciudad capital. El juez subrayó la omisión de la intervención obligatoria de la Comisión Bicameral y citó precedentes de la Corte Suprema para justificar la suspensión de una ley nacional cuando existen sospechas fundadas de invalidez constitucional.

La resolución judicial establece que la suspensión se mantendrá vigente hasta que se dicte una sentencia definitiva sobre la cuestión de fondo. Por el momento, la estructura de la Justicia Nacional del Trabajo continuará bajo la dependencia del Poder Judicial de la Nación, frenando un proceso que, según el sindicato, representaba una «represalia institucional» y una amenaza a la especialización del fuero.