La Unión Obrera Molinera Argentina (UOMA) y la CGT Delegación Regional Bahía Blanca manifestaron su firme oposición a la reciente intervención judicial de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), calificando la medida como un ataque a la democracia sindical.

El clima gremial se ha tensionado tras la decisión de la Cámara Nacional del Trabajo de intervenir la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). La medida judicial ha despertado un rechazo inmediato por parte de diversas organizaciones sindicales, que ven en esta acción un precedente peligroso para la autonomía de los trabajadores y sus representantes.

El primer pronunciamiento provino de la Unión Obrera Molinera Argentina (UOMA). A través de un comunicado emitido el 22 de mayo de 2026, el gremio repudió lo que definió como un «accionar arbitrario y antidemocrático». Según la UOMA, esta intervención vulnera directamente la elección ejercida por los trabajadores metalúrgicos en las urnas. El documento sostiene que la justicia se arroga facultades de sufragio y autonomía que no le corresponden, en el marco de lo que el sindicato describe como una «operación política, judicial y empresaria» destinada a disciplinar a quienes desafían el poder económico. En dicho texto, la UOMA expresó su solidaridad con el dirigente Abel Furlán bajo el lema: «¡Sí tocan a uno, nos tocan a todos!».

Pocos días después, la postura de rechazo se replicó a nivel regional. El 24 de mayo de 2026, la CGT Delegación Regional Bahía Blanca emitió su propia declaración, expresando su «rechazo a la intervención» del gremio metalúrgico. Para la central obrera bahiense, el avance de la justicia sobre una organización sindical, «desoyendo la voluntad de los trabajadores afiliados», constituye un ataque directo a la principal herramienta de defensa que posee la clase trabajadora.

El documento de la CGT Bahía Blanca, que lleva las firmas de los dirigentes Roberto Arcangel (Si.Cho.Ca.), Carlos J. de Boer (UOCRA) y Raul Oviedo (AEC), subraya que el respeto por la democracia interna es una condición imprescindible para garantizar la libertad sindical y una representación genuina. En este sentido, la entidad regional concluye que la medida judicial vulnera el derecho fundamental de los trabajadores a elegir libremente a sus representantes.

La coincidencia en los comunicados de ambas entidades refleja una postura común del sector sindical ante una situación que consideran una interferencia inadmisible en la vida institucional de los gremios del país.