La Decisión Administrativa 20/2026 oficializó una reducción masiva de fondos destinados a infraestructura universitaria, becas y programas de alfabetización en todo el país.

En una medida que impacta de lleno en el sistema educativo público, el Gobierno nacional dispuso un recorte de $78.768.179.759 en programas dependientes de la Secretaría de Educación. La medida, oficializada a través de la Decisión Administrativa 20/2026, afecta partidas sensibles como la alfabetización, la infraestructura escolar y el sistema de becas estudiantiles.

El impacto en las universidades nacionales

Uno de los puntos más críticos de la normativa es la suspensión de las transferencias destinadas a obras de infraestructura en trece universidades nacionales. Según se desprende de la planilla anexa del presupuesto, el desfinanciamiento afecta a instituciones de diversos puntos del país, paralizando proyectos edilicios clave.

Entre las universidades más perjudicadas se encuentran:

• Universidad Nacional de La Plata (UNLP): con una reducción de $1.043.000.000.

• Universidad Nacional de General San Martín (UNSAM): con una quita de $700.000.000.

• Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV): también con un recorte de $700.000.000.

• Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC): con una baja de $680.500.000.

• Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER): con $540.000.000 menos en sus partidas.

Eliminación de fondos y ajuste en infraestructura escolar

La resolución también avanza sobre el Fondo de Compensación Salarial Docente, el cual fue eliminado por un total de $8.929.835.294. Este mecanismo era fundamental para que las provincias con menores recursos pudieran alcanzar el salario mínimo docente garantizado por ley, lo que genera una nueva incertidumbre en las paritarias provinciales.

En lo que respecta a la infraestructura escolar y el equipamiento básico para establecimientos de niveles obligatorios, el ajuste alcanzó los $21.686.636.818. Esta reducción compromete no solo la construcción de nuevas aulas, sino también el mantenimiento de edificios existentes y la provisión de materiales didácticos y tecnológicos.

La medida se conoce en un contexto de alta tensión entre la comunidad educativa y el Poder Ejecutivo, profundizando el conflicto por el financiamiento de la educación pública en todos sus niveles.