Diputados nacionales alineados con el gobernador bonaerense presentaron dos proyectos de ley para declarar la emergencia pública del sector por 24 meses y disponer la ocupación temporaria de la fábrica de Virreyes. La iniciativa surge tras el cierre de la firma y el despido de 920 trabajadores, situación que dejó al país sin producción nacional de cubiertas radiales para el transporte de cargas y pasajeros.

El bloque de diputados nacionales de Unión por la Patria integrados en el Movimiento Derecho al Futuro, bajo el respaldo político explícito del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, presentó en el Congreso de la Nación un paquete de leyes tendientes a frenar el desmantelamiento de la industria del neumático en la Argentina. La estrategia legislativa se estructuró a través de dos proyectos que proponen declarar la emergencia pública del sector por el término de dos años, aplicar un fuerte incremento en los aranceles de importación extrazona y avanzar sobre la ocupación temporaria de la planta industrial que la empresa FATE operaba en la localidad de Virreyes, partido de San Fernando.

La arremetida parlamentaria responde de forma directa a la crisis desatada el pasado 18 de febrero de 2026, fecha en la que la firma FATE oficializó el cierre definitivo de sus operaciones y la consecuente desvinculación de 920 operarios. De acuerdo con los fundamentos técnicos de las iniciativas, esta parálisis productiva despojó a la República Argentina de toda capacidad nacional para la fabricación de neumáticos radiales destinados a camiones y unidades de transporte colectivo, un segmento considerado neurálgico y estratégico para el abastecimiento y la movilidad del transporte de cargas y pasajeros a nivel federal.

El frente político y el soporte del ejecutivo bonaerense

La presentación de estas medidas posee un marcado peso político interno. Las iniciativas llevan las firmas de legisladores nacionales de la provincia de Buenos Aires de estrecha confianza con el mandatario provincial, tales como Juan Marino, Hugo Yasky, Hugo Moyano, Jorge Taiana, Santiago Cafiero y Victoria Tolosa Paz. A este nucleamiento se sumó Sabrina Selva, diputada del Frente Renovador alineada operativamente con los lineamientos de la gobernación bonaerense, junto a otros representantes de las provincias argentinas como Cristian Andino, Ana María Ianni, Martín Aveiro, Nancy Sand, Beba Aguirre, Andrea Freites y Blanca Osuna.

Fuentes parlamentarias destacaron que la redacción y corrección final de los textos normativos se realizó en mesas de trabajo conjuntas con los equipos técnicos del Ministerio de Producción y del Ministerio de Trabajo bonaerenses. Este nivel de interacción formal expone un posicionamiento nítido del grupo de diputados como portavoces institucionales del kicillofismo en el ámbito del Congreso de la Nación, buscando nacionalizar la agenda de defensa del entramado fabril.

Blindaje arancelario y medidas antidumping

El primero de los proyectos de ley se focaliza en el plano comercial con la creación del Programa de Protección Nacional de la Industria del Neumático. La principal herramienta de esta normativa consiste en restituir el arancel extrazona al 35%, porcentaje que representa el tope máximo consolidado por la República Argentina ante la Organización Mundial del Comercio (OMC). Dicha alícuota se encuentra actualmente fijada en un 16% producto de las modificaciones arancelarias implementadas por el Poder Ejecutivo Nacional mediante el Decreto 908/2024.

Complementariamente, el programa estipula la obligatoriedad de reincorporar fiscalizaciones aduaneras estrictas sobre operaciones de importación sospechadas de subfacturación. Asimismo, la ley instruye la apertura inmediata de investigaciones gubernamentales por prácticas de dumping y subsidios estatales espurios contra los productos originarios de la República Popular China. Para rigidizar los controles de ingreso al mercado interno, el articulado prevé reimplantar el Certificado de Importación de Neumáticos (CIN) y el esquema de licencias no automáticas, junto con nuevas exigencias técnicas de seguridad y etiquetado comercial. En materia de estímulo, se promueve un régimen de Compre Nacional para las adquisiciones del sector público y el otorgamiento de líneas de financiamiento crediticio subsidiado para los fabricantes locales sobrevivientes.

Intervención y control obrero en Virreyes

La segunda iniciativa apunta de lleno a la recuperación de la capacidad instalada en territorio bonaerense mediante la ocupación temporaria de la planta industrial de FATE por un término inicial de doce meses, contemplando la posibilidad de otorgar una prórroga única por idéntico plazo bajo los parámetros establecidos en el Título IX de la Ley General de Expropiaciones (N° 21.499).

A tales efectos, el proyecto de ley contempla la conformación de una Unidad Ejecutora Especial de Reactivación Productiva que contará con participación obrera a través de una Comisión de Control y Seguimiento. El objetivo de este órgano estatal provisional consistirá en poner en marcha el Programa Nacional de Recuperación de Capacidades Técnicas y Productivas, cuya primera misión operativa será la confección de un relevamiento formal para convocar e reincorporar de manera escalonada a la totalidad del personal que resultó damnificado por los despidos masivos de febrero.

Los fundamentos del bloque justifican la severidad de las medidas al exponer los desequilibrios comerciales del último año. Durante el período 2025, las importaciones generales de neumáticos registraron un récord histórico en el país al alcanzar la cifra de 688,5 millones de dólares, marcando un incremento interanual del 44,8%. En este escenario, China desplazó formalmente a la República Federativa del Brasil como el principal proveedor logístico de cubiertas de la Argentina, una tendencia que no se observaba desde el año 2018. Los legisladores advirtieron que mientras las principales economías occidentales endurecen sus barreras arancelarias frente al excedente de producción de las terminales chinas, la Argentina desmanteló sus defensas comerciales, por lo que urgieron la intervención del Estado en pos de la soberanía tecnológica y el resguardo del empleo argentino