Tras un fuerte repudio popular y el pedido de destitución impulsado por la izquierda, se concretó la separación de su cargo del concejal Moreno (PJ). La edila Cintia Frencia cuestionó que el peronismo haya utilizado un tecnicismo legal para preservarlo en lugar de aprobar su expulsión definitiva, y exigió que se investiguen las responsabilidades políticas en torno al caso.

La presión social y el rechazo de la comunidad provocaron un fuerte cimbronazo político en las últimas horas, culminando con la separación de su cargo del concejal Moreno, perteneciente al Partido Justicialista. El edil se encontraba en el centro de la polémica luego de que se hiciera público su rol como defensor técnico del autor del femicidio de Agostina, un caso que generó una profunda conmoción y masivas muestras de indignación de la ciudadanía.

La remoción de Moreno de la cámara se efectivizó tras el pedido formal de destitución presentado por la concejala Cintia Frencia, referente del Partido Obrero – Frente de Izquierda. La iniciativa parlamentaria motorizó el debate institucional en un contexto de creciente movilización y reclamo de justicia por parte de diversas organizaciones sociales y familiares de la víctima.

Cuestionamientos al mecanismo de remoción

A pesar de haber logrado el apartamiento del concejal de su banca, desde la izquierda manifestaron una postura sumamente crítica respecto a las formas en que el bloque oficialista resolvió la situación. Frencia advirtió que el desplazamiento no se dio bajo las condiciones políticas y éticas que requería la gravedad del hecho.

«El repudio popular obligó al PJ a bajar al concejal Moreno, pero lo hacen con un tecnicismo para preservarlo», denunció de forma categórica la edila tras confirmarse la sesión. Para la legisladora, la gravedad institucional del caso exigía una sanción ejemplar y sin atenuantes jurídicos que suavizaran el impacto de la medida.

Frencia remarcó que la única resolución coherente con el reclamo social era la expulsión directa y el inicio de una auditoría profunda sobre los nexos de poder involucrados. «Correspondía su expulsión, y que se investiguen las responsabilidades políticas del caso. No vamos a parar hasta que caigan todos los responsables», sentenció, anticipando que el colectivo mantendrá las acciones de visibilización pública.