Un informe pericial de la DAFI reveló desbalances contables no justificados del vocero presidencial y su pareja. La fiscalía evalúa un requerimiento formal mientras se investigan operaciones con criptomonedas y contratos estatales.

El frente judicial comenzó a complejizarse para uno de los funcionarios más estables de la administración nacional. La Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAFI) entregó en los tribunales de Comodoro Py un exhaustivo informe técnico que analiza la evolución patrimonial y financiera del vocero presidencial, Manuel Adorni, y de su pareja, Bettina Angeletti. La pericia oficial detectó una serie de desbalances contables no justificados, un hallazgo que motivó a la fiscalía federal a estructurar un requerimiento formal de justificación de bienes.

El peritaje, ordenado por el fiscal federal Gerardo Pollicita, abarca desde el 14 de diciembre de 2023 hasta la actualidad bajo una modalidad de auditoría fija. Los especialistas contables debieron depurar las transferencias internas familiares y los movimientos bancarios cotidianos para reconstruir una ecuación matemática anual consolidada. El objetivo de la investigación penal es determinar si el flujo de ingresos declarados en blanco guarda una correspondencia lógica con las adquisiciones de bienes raíces, gastos extraordinarios y la cancelación de pasivos de la pareja.

El nudo más sensible del informe de la DAFI radica en el análisis de las operaciones con activos virtuales. El funcionario había afirmado públicamente haber realizado inversiones por un valor de 200.000 dólares en la criptomoneda Bitcoin. Sin embargo, al contrastar los registros de depósitos, retiros y permutas de las plataformas digitales con las declaraciones juradas fiscales de la AFIP, los peritos informáticos judiciales hallaron inconsistencias documentales graves. El cierre de la auditoría se encuentra demorado debido a la falta de comprobantes respaldatorios claros sobre el origen primario de las divisas.

En paralelo al expediente por presunto enriquecimiento ilícito, los investigadores del Ministerio Público evalúan los detalles de los préstamos invocados por Adorni en sus rectificaciones patrimoniales recientes para establecer la capacidad económica de los terceros involucrados. Asimismo, los tribunales tramitan otra causa conexa vinculada a un viaje de descanso de la comitiva familiar a la ciudad uruguaya de Punta del Este durante el último feriado de Carnaval.

La Justicia busca determinar las vías de financiamiento de ese viaje personal realizado a bordo de un avión privado de alquiler. El foco de atención está puesto en el vínculo personal y comercial entre Adorni y el empresario de medios Marcelo Grandio, quien compartió dicho vuelo. Los sabuesos judiciales auditan actualmente los contratos publicitarios y las adjudicaciones técnicas que las firmas satélites de Grandio habrían mantenido de manera directa con la estructura de la TV Pública y otros entes del gobierno nacional durante la vigencia del actual mandato presidencial.