Los damnificados representados por el dirigente Juan Grabois y otras víctimas particulares recurrieron la medida del juez Martínez De Giorgi, quien había excluido a las víctimas tras considerar el caso como una inversión fallida. Ahora, la Sala I de Comodoro Py deberá resolver el conflicto en medio de tensiones por la renovación del tribunal.

El frente judicial por la presunta estafa vinculada a la promoción y difusión de la criptomoneda $LIBRA sumó un capítulo clave. La totalidad de los damnificados aceptados en el expediente presentaron recursos de apelación contra la resolución del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi, quien el pasado 3 de julio dispuso excluirlos del rol de parte querellante tras calificar el hecho como una simple inversión especulativa fallida ligada a la volatilidad de una «memecoin».

Las presentaciones, que incluyen a las víctimas patrocinadas por el dirigente social Juan Grabois y la abogada Camila Palacin Roitbarg, así como al denunciante Martín Romeo, solicitan que se revoque el apartamiento de manera urgente. Los apelantes argumentan que el magistrado incurrió en un claro prejuzgamiento sobre el fondo de la imputación y desconoció un robusto cuerpo de pruebas acumulado en la causa que contradice la hipótesis de un mero riesgo financiero de mercado.

El escrito presentado por la querella destaca la existencia de peritajes oficiales, extracciones forenses de dispositivos secuestrados e informes elaborados por la UFECI y la Dirección General de Cibercrimen de la Policía Federal Argentina (PFA). Según los recurrentes, estos elementos, sumados a las declaraciones testimoniales brindadas ante la Cámara de Diputados, dan cuenta de una maniobra defraudatoria concreta, planificada y ejecutada con una coordinación milimétrica. Asimismo, se incorporaron al expediente conversaciones aportadas por la periodista Nancy Pazos en las que presuntamente se le advertía al presidente Javier Milei sobre el fraude, ante lo cual el mandatario habría respondido que se trataba de una herramienta para financiar pymes.

De este modo, el futuro del proceso penal quedó supeditado a la decisión de la Sala I de la Cámara Federal, integrada por los magistrados Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. Este tribunal deberá definir si restituye a los damnificados el derecho a impulsar la acción penal, una intervención que la defensa considera indispensable para cubrir el vacío de control institucional en el caso.

La resolución de la Cámara Federal se dará, además, en un contexto de alta expectativa política por la composición del propio tribunal. Mientras Bruglia elevó un reclamo ante la CIDH para conservar su puesto, Bertuzzi integra la terna oficial de candidatos enviada por el Consejo de la Magistratura para efectivizar la titularidad del cargo, existiendo fuertes versiones en los pasillos oficiales de que el Poder Ejecutivo enviará su pliego al Senado para confirmarlo definitivamente en la sala.