Una empresa israelí y otra británica prevén iniciar la extracción de crudo en 2028 ante cuestionamientos por la falta de acciones oficiales.

El proyecto petrolero Sea Lion continúa su desarrollo en la Cuenca Malvinas Norte con la meta de iniciar la extracción de hidrocarburos en marzo de 2028. El yacimiento se ubica a aproximadamente 200 kilómetros de la costa de las islas y es operado de manera conjunta por la compañía israelí Navitas Petroleum —que ostenta el 65% de la participación— y la británica Rockhopper Exploration, responsable del 35% restante, sin contar con la autorización del Estado argentino.

La magnitud de las reservas identificadas en la zona genera profunda preocupación en el ámbito energético y político, dado que permitirían extraer un volumen de petróleo equivalente a un tercio de la producción total de Vaca Muerta. Pese a desarrollarse en un territorio bajo disputa de soberanía, la respuesta de la administración de Javier Milei se limitó a la presentación de una nota de protesta formal ante el Reino Unido por parte de la Cancillería, posterior a la aprobación de la licencia por parte de las autoridades coloniales del archipiélago.

Diversos especialistas y exfuncionarios expusieron severos cuestionamientos ante la falta de medidas judiciales, diplomáticas o económicas adicionales para frenar las obras. El exsecretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Guillermo Carmona, advirtió que la inacción estatal está condicionada por el alineamiento político internacional del Gobierno nacional con Israel y el Reino Unido, lo que frena eventuales gestiones diplomáticas para exigir la salida de la firma israelí del emprendimiento.

Por su parte, analistas de la cuestión Malvinas enfatizaron la ausencia de una estrategia integral y sostenida para la defensa de los recursos naturales en la plataforma continental argentina. Si bien existen antecedentes de resoluciones judiciales dictadas en 2015 que fijaron embargos y sanciones a empresas que operaban en la zona de forma ilegal, dichas acciones no lograron detener la continuidad de los proyectos ni tuvieron un seguimiento político efectivo durante las gestiones posteriores.