La Casa Rosada considera que los planteos sobre el estado del Presidente constituyen una maniobra de desestabilización democrática.

El Gobierno nacional formalizó su decisión de impulsar acciones judiciales contra todas aquellas personas que pongan en duda la estabilidad mental del presidente Javier Milei. Según trascendió desde el entorno del Poder Ejecutivo, la Casa Rosada interpreta que la propagación de versiones o cuestionamientos sobre la salud del mandatario no representa una simple crítica política, sino que constituye una estrategia deliberada de desestabilización democrática e institucional que exige una respuesta legal inmediata.

El detonante directo de esta medida radica en el fuerte contrapunto público protagonizado por la propia vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel. A través de sus redes sociales, la titular del Senado encendió la alarma al manifestar abiertamente su preocupación por el estado anímico y cognitivo del jefe de Estado. «Me preocupa profundamente que el presidente de la Nación replique insensateces e inventos. Tengo genuina preocupación por su estado y por las persecuciones imaginarias que replica en Argentina y el exterior», aseveró la funcionaria.

La postura de Villarruel escaló de inmediato la interna en la cúpula del Poder Ejecutivo. Como respuesta, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, salió al cruce de forma contundente y le solicitó abiertamente la renuncia a la Vicepresidenta, tildando sus manifestaciones de «golpistas» y acusándola de atentar contra la gobernabilidad del país en un momento crítico.

El conflicto institucional se produce, además, en un contexto de creciente sensibilidad social y política. Diversos relevamientos de opinión pública señalan que la evaluación sobre el estado mental del Presidente comenzó a posicionarse como un factor de inquietud recurrente entre distintos sectores de la población, lo que aceleró la determinación de la mesa chica oficialista de fijar un límite judicial ante lo que consideran un embate coordinado.