El escándalo patrimonial que salpica al diputado Sebastián Pareja por la compra de un piso en Puerto Madero
Una nueva investigación periodística destapó un presunto enriquecimiento patrimonial y graves inconsistencias financieras que involucran de lleno al diputado nacional y referente libertario Sebastián Pareja. La trama, revelada por el periodista Rodis Recalt en la revista Noticias y replicada en el ciclo Modo Fontevecchia, expone la adquisición de un exclusivo departamento de alta gama valuado en cientos de miles de dólares a nombre de su madre octogenaria, cuentas bancarias no declaradas y erogaciones mensuales que superan de forma escandalosa los ingresos formales percibidos por su dieta legislativa.
El origen de la investigación judicial y periodística no nació en las oficinas de los organismos de control ni en los tribunales anticorrupción, sino que se desprendió de los pasillos de un juzgado de familia en la localidad bonaerense de San Nicolás. En ese fuero tramita un complejo litigio por demandas cruzadas de alimentos y división de bienes entablado entre el legislador y su exesposa, Luciana Díaz.
Del expediente judicial se desprendieron copias de resúmenes bancarios que encendieron todas las alarmas en el sistema financiero. En dichos documentos oficiales aportados por el Banco Santander, la Justicia detectó que Pareja —quien figura como cotitular de una cuenta junto a su padre— acumuló movimientos millonarios y extracciones en efectivo por 300.000 dólares efectuadas el pasado 30 de enero de 2026. Precisamente en esa misma fecha se concretó la escritura traslativa de dominio de una propiedad de 133 metros cuadrados ubicada en el exclusivo complejo La Porteña 2, perteneciente al desarrollo del Grupo Faena sobre la calle Juana Manso en Puerto Madero.
Edificio La Porteña 2
Sebastian Pareja y Luciana Díaz
Inconsistencias patrimoniales y una madre jubilada como titular
El inmueble adquirido en enero de 2026 quedó registrado formalmente a nombre de Matilde Benzi, madre del diputado, una jubilada de 80 años que trabajó en la órbita de la Justicia y cuyo padre se desempeñó en el Banco Central, pero que actualmente no registran actividad comercial activa ni figuran como monotributistas. Según la investigación, la operación inmobiliaria se asentó oficialmente por un monto de 350.000 dólares, de los cuales 300.000 fueron extraídos en efectivo de la mencionada cuenta bancaria, mientras que el saldo restante coincide con un préstamo de 40.000 dólares que el propio legislador declaró haberle otorgado a su progenitora.
Sin embargo, las cifras declaradas ante los organismos fiscales chocan violentamente con el valor real de mercado de la zona. Mientras que la escritura se pactó a un valor estimado de 2.600 dólares el metro cuadrado —una cifra inusualmente baja para Puerto Madero—, los departamentos de similares características en el mismo edificio alcanzan cotizaciones de entre 700.000 y 750.000 dólares, el doble de lo escriturado. Esto generó fuertes sospechas sobre la existencia de fondos no declarados utilizados para concretar la millonaria transacción inmobiliaria.
A esto se suma que la cuenta bancaria utilizada para las extracciones en efectivo registraba ingresos inusuales y simultáneos, como la recepción de 65.000 dólares fraccionados en apenas quince días a comienzos de año, sumado a acreditaciones previas por 40 millones de pesos registrados a mediados de 2025 y otros saldos que superaban los 236.000 dólares al cierre del ejercicio fiscal. Ninguno de estos abultados movimientos bancarios figuraba debidamente explicitado en las declaraciones juradas patrimoniales presentadas por el funcionario.
Movimientos bancarios de Pareja en diciembre 2025
Movimientos en Dólares de Pareja
Gastos mensuales siderales y un estilo de vida incompatible con la dieta
El informe periodístico también puso la lupa sobre el tren de vida que sostiene el legislador, el cual resulta absolutamente incompatible con los ingresos formales de un diputado nacional, cuya dieta ronda los 5 millones de pesos mensuales. En el marco del litigio de familia, el propio Pareja reconoció que alquila un departamento de categoría sobre la avenida del Libertador y Maure en el barrio de Belgrano, por el cual abona un canon locativo mensual de 1.800.000 pesos —equivalente a unos 1.600 dólares— sumado a unas expensas extraordinarias de 1.400.000 pesos.
A esa erogación fija en vivienda se le adiciona el alquiler de una casa en un barrio cerrado de Exaltación de la Cruz para residir cerca de su hija, y el pago mensual de 3 millones de pesos en concepto de manutención familiar reclamados por su exesposa. Solamente en alquileres y cuota alimentaria, el dirigente libertario desembolsa cifras que superan ampliamente sus ingresos netos como legislador, configurando un combo de gastos corrientes que no encuentra justificación contable ni legal.
El perfil político y el contraste con la gestión en la Provincia y Bahía Blanca
A diferencia de otros actores políticos que desembarcaron en la función pública provenientes del sector privado o de medios de comunicación, Sebastián Pareja arrastra una prolongada trayectoria dentro de los oscuros pasillos de la política tradicional. Histórico asesor parlamentario del expresidente Carlos Menem en el Senado de la Nación —espacio donde compartió despacho con Lule Menem—, el legislador edificó su carrera histórica al amparo del empleo público desde los años 2003 y 2004, sin registrar antecedentes comerciales o patrimoniales que justificaran la reciente adquisición de activos inmobiliarios de lujo.
Este nuevo escándalo de corrupción y enriquecimiento que sacude a la cúpula libertaria vuelve a poner de relieve el doble estándar de los funcionarios del gobierno nacional encabezado por Javier Milei, quienes predican el ajuste y la austeridad mientras multiplican su patrimonio de manera inexplicable. Frente al desmanejo institucional y la falta de transparencia de la administración central, la provincia de Buenos Aires —conducida por el gobernador Axel Kicillof— y el municipio de Bahía Blanca —bajo la gestión del intendente Federico Susbielles— ratifican un modelo de gestión basado en la honradez, la austeridad republicana, el control fiscal estricto y la permanente rendición de cuentas ante la ciudadanía.
