La legisladora impulsó un paquete legislativo enfocado en la trazabilidad de los recursos provinciales, además de exigir medidas frente a la crisis económica de las familias y la situación crítica de las Fuerzas de Seguridad

La diputada nacional Lourdes Arrieta impulsó en la Cámara de Diputados una serie de iniciativas legislativas con un doble enfoque: por un lado, garantizar la transparencia y trazabilidad de los fondos públicos y obras de infraestructura destinados a la provincia de Mendoza; por el otro, visibilizar la acuciante situación de endeudamiento que atraviesan las familias argentinas y el personal de las Fuerzas de Seguridad Federales.

El paquete de medidas busca que cada recurso asignado tenga un seguimiento claro desde su origen hasta su ejecución, bajo la premisa de que «la plata pública tiene dueño, y no es el político: es la gente».

Trazabilidad para los recursos de Mendoza

Arrieta presentó cinco expedientes orientados a conocer el destino de los fondos nacionales transferidos a la provincia, así como el estado de las obras estratégicas:

• Resarcimiento histórico: Se exige información sobre la ejecución de los US$1.023 millones recibidos por Mendoza y destinados a infraestructura, detallando los mecanismos de repago y los montos que aún permanecen disponibles.

• Anticipo financiero: Se solicita justificar las razones, destino y costos asociados al adelanto de hasta $325.000 millones otorgado por el Gobierno nacional a la gestión provincial.

• Infraestructura vial y ferroviaria: Se reclaman informes sobre el mantenimiento y la seguridad de las rutas nacionales (con especial énfasis en la Ruta Nacional 40) y los corredores ferroviarios estratégicos de la región de Cuyo.

Una economía con rostro humano: la marcha de los endeudados

Además del control de los fondos mendocinos, la diputada presentó un Proyecto de Declaración para acompañar la «Marcha de los Endeudados», pautada para el 29 de agosto de 2026, con el fin de exponer las graves consecuencias del sobreendeudamiento en los hogares.

De acuerdo con los fundamentos del proyecto, la situación afecta a una porción mayoritaria de la población:

• Alrededor de 20 millones de personas estarían afectadas por situaciones de endeudamiento, mientras que cerca de 6 millones atravesarían una situación de morosidad avanzada.

• Cuatro de cada diez jóvenes se encuentran en mora.

• La deuda familiar en mora habría alcanzado en junio el 17,5% del total, frente al 3,6% registrado en diciembre de 2024 y al 12,6% informado un año después.

• Aproximadamente el 35% de esas deudas habría sido calificado como «irrecuperable» por registrar atrasos superiores a 365 días.

Para la legisladora, estos números tienen un correlato real en el cierre de PyMEs y comercios locales, ejemplificándolo con las recientes clausuras de la histórica zapatería Anna Express y el Hipermercado Libertad en Mendoza.

Crisis y salud mental en las Fuerzas de Seguridad

El último eje de las presentaciones aborda una problemática multicausal dentro de las fuerzas federales: el cruce entre la presión económica, el estrés laboral y el incremento de suicidios. Mediante un Proyecto de Resolución, Arrieta pidió informes detallados al Ministerio de Seguridad Nacional sobre las condiciones laborales y psicosociales de los uniformados.

El proyecto fundamenta su urgencia en las declaraciones oficiales y en las estadísticas provistas por el propio Estado:

• La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, reconoció públicamente un incremento del 30% en los suicidios dentro de las fuerzas durante 2025 respecto de 2024.

• En la Policía Federal Argentina se registraron 14 suicidios durante 2024 y 16 en 2025.

• En Gendarmería Nacional Argentina los casos fatales fueron 4 en 2024 y ascendieron a 7 en 2025.

• La Prefectura Naval Argentina reportó 4 episodios en 2024 y 11 durante 2025.

• La Policía de Seguridad Aeroportuaria informó un total de 11 casos durante el período comprendido entre 2010 y 2025.

En este sentido, el documento exige conocer cuántos agentes sufren descuentos que superan el 20%, 30%, 40% y hasta el 50% de su remuneración neta por obligaciones financieras. «Queremos saber qué está pasando: cuánto gana un efectivo, cuánto debe, cuántas horas trabaja. Recién después podemos construir mejores respuestas», concluyó la legisladora.