En medio de los reiterados cuestionamientos hacia la gestión nacional en materia sanitaria, la administración encabezada por el ministro de Salud, Mario Lugones, sumó un nuevo y gravísimo revés judicial que expone el grado de abandono y desidia estatal hacia los sectores más vulnerables. El Juzgado Federal en lo Contencioso Administrativo N.º 3 de Lomas de Zamora, a cargo del juez Juan Pablo Auge, ordenó embargar las cuentas del Ministerio de Salud de la Nación por la suma exacta de 828.708.195 pesos, en el marco de una demanda promovida por el Cottolengo Don Orione de Claypole ante el incumplimiento en la provisión de medicamentos e insumos básicos durante el período comprendido entre marzo y junio de 2026.

La medida cautelar dictada por la magistratura federal dispuso librar un oficio formal al Banco de la Nación Argentina para proceder a la transferencia inmediata de los fondos embargados hacia una cuenta perteneciente a la institución reclamante. El litigio judicial se originó como consecuencia directa de la falta de cobertura de prestaciones vitales e insumos indispensables que el establecimiento requiere de manera permanente para garantizar la subsistencia y el cuidado médico de sus residentes.

Excusas oficiales rechazadas y gravedad institucional

Frente al reclamo judicial, los funcionarios del Ministerio de Salud intentaron eludir sus obligaciones legales argumentando que la institución demandada supuestamente no había presentado las facturas correspondientes ni cumplimentado los trámites administrativos formales exigidos por la burocracia estatal. Sin embargo, este descargo fue desestimado de plano por la representación legal del Cottolengo.

El abogado de la entidad, Pablo Díaz, cuestionó con dureza los argumentos esgrimidos por la cartera sanitaria y aclaró que el mecanismo de asistencia no operaba mediante un sistema de reintegros posteriores, sino a través de solicitudes directas de insumos médicos que debían ser auditadas y entregadas de forma regular por el Estado nacional.

“Resultan asombrosos los argumentos utilizados”, planteó el letrado, al tiempo que acusó formalmente al Ministerio de intentar “eludir su responsabilidad” y “dilatar la solución de un problema que es claro, preciso y de extrema urgencia”. Para respaldar la demanda, el establecimiento aportó un voluminoso registro documental que acredita las múltiples gestiones realizadas ante la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), incluyendo correos electrónicos enviados durante los meses de junio y septiembre en los que se alertaba con precisión sobre la escasez crítica de insumos y el peligro inminente que esto representaba.

Riesgo vital para más de 400 residentes

El aspecto más delicado y alarmante del expediente radica en que el Cottolengo Don Orione aloja de forma permanente a más de 400 personas que padecen patologías complejas y requieren asistencia médica especializada, cuidados intensivos y tratamientos sostenidos en el tiempo. La conducción de la institución advirtió reiteradamente que la interrupción abrupta en la entrega de medicamentos ponía en riesgo directo la vida de los residentes y podía provocar un deterioro irreversible en su salud física y mental.

Cabe destacar que esta situación de morosidad extrema por parte de la gestión de Mario Lugones no es un caso aislado. A comienzos del mes de octubre, el Gobierno nacional se había visto obligado a desembolsar más de 750 millones de pesos para cancelar una deuda preexistente acumulada desde febrero. No obstante, aquel pago parcial resultó insuficiente y no logró cubrir el desfinanciamiento correspondiente al período de marzo a junio, evidenciando una vez más la indolencia de un esquema de gobierno nacional insensible que prioriza el ajuste fiscal a costa de la vida y la dignidad de los sectores más desprotegidos, en franco contraste con las políticas de inclusión y cercanía que impulsan tanto el gobierno provincial de Axel Kicillof como el municipio de Bahía Blanca bajo la conducción de Federico Susbielles.